La medida mejorará la seguridad vial en España y contribuirá a que el tráfico por carretera sea más sostenible gracias al establecimiento y la mejora de tecnologías digitales avanzadas, en consonancia con los objetivos estratégicos de la UE asociados a la transición digital, limitando al mismo tiempo las posibles distorsiones de la competencia.
La medida española
La medida, con un presupuesto estimado de 20 millones de euros, se financiará en su totalidad con cargo al MRR tras la evaluación positiva de la Comisión del plan español de recuperación y resiliencia y su adopción por el Consejo.
El régimen se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2024 y la ayuda adoptará la forma de subvenciones directas. Se adjudicará, tras un procedimiento de selección competitiva, a los concesionarios y a las empresas de explotación y mantenimiento que operan en la red de carreteras del Estado.
La medida persigue dos objetivos principales: i) mejorar la seguridad del tráfico, la eficiencia, la interoperabilidad, la eficiencia energética y la innovación en las autopistas y túneles gestionados en régimen de concesión; y ii) mejorar la seguridad en la explotación y el mantenimiento de las carreteras.
A este respecto, los proyectos de sistemas inteligentes que podrán recibir ayuda con cargo al régimen abarcan, entre otros, sistemas automáticos de detección de incidentes, sistemas de seguimiento de las condiciones atmosféricas en las carreteras, sistemas inteligentes de control de la iluminación, sistemas cooperativos para hacer más interoperable la red nacional de transporte y sistemas que permiten el funcionamiento remoto y automático de las obras de mantenimiento gracias a drones y maquinaria digitalizada.
Evaluación por la Comisión.
La Comisión ha evaluado la medida con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), que permite a los Estados miembros conceder ayudas estatales destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas.
La Comisión ha constatado lo siguiente:
- La ayuda facilitará el desarrollo de una actividad económica y, más concretamente, la digitalización de determinados servicios económicos vinculados a la infraestructura viaria mediante el establecimiento y la mejora de sistemas inteligentes. Esta digitalización también contribuirá a colmar la brecha digital con las infraestructuras viarias en las que el Estado ya ha llevado a cabo proyectos de inversión similares o lo está haciendo actualmente.
- La ayuda es necesaria y proporcionada para que los inversores lleven a cabo los proyectos específicos de digitalización. A este respecto, i) los concesionarios y las empresas de operaciones y mantenimiento que soliciten ayudas tendrán que presentar un análisis de costes y beneficios que demuestre su déficit de financiación; y ii) el importe máximo de la ayuda que podrá recibir un proyecto se basará en estimaciones de costes razonables. Por lo tanto, los efectos positivos de la medida en términos de contribución a la digitalización de determinados servicios económicos vinculados a la infraestructura viaria compensan cualquier posible efecto negativo desde el punto de vista del falseamiento de la competencia.
Por estos motivos, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el proyecto se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales.