- Se revisan varias regulaciones relativas a la contratación y estructura de peajes del sistema gasista para ofrecer nuevos servicios y lograr una mayor eficiencia
- El real decreto facilita la actividad de bunkering de gas natural licuado en puertos, que aumentará la competitividad de estos y la calidad ambiental del aire
- Se adoptan medidas de lucha contra el fraude en la comercialización de gas natural
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto que contiene una batería de medidas destinadas a impulsar la utilización de las infraestructuras gasistas, así como a mejorar el funcionamiento del mercado. Estas medidas se articulan mediante la modificación del Real Decreto 949/2001 (acceso y régimen económico del sistema), del Real Decreto 1434/2002 (regulación de actividades) y del Real Decreto 984/2015 (mercado organizado), entre otras normas.
Este real decreto adapta el marco regulatorio para facilitar la contratación de nuevos servicios en las instalaciones gasistas y hacer un uso más eficiente de los existentes.
Cabe destacar, a este respecto, las medidas relativas al bunkering (suministro de combustible de barco a barco), que son particularmente importantes para dar un mayor uso a las plantas de gas natural licuado (GNL) y para permitir que los puertos españoles puedan facilitar el suministro de GNL para navegación.
Asimismo, el real decreto establece la estructura del peaje de inyección de biogás/biometano desde las plantas de tratamiento de residuos, adaptando así el marco normativo actual a las necesidades de avanzar en la descarbonización de nuestra economía.
El real decreto aprobado establece un procedimiento más ágil para inhabilitar a las comercializadoras fraudulentas, a la vez que se protege a los consumidores afectados que seguirán manteniendo su suministro a través de una comercializadora de último recurso, sin perjuicio de que puedan cambiarse a otra comercializadora de su elección.
Se regula el procedimiento de baja de instalaciones de la red básica de gas y se regulan las obligaciones de desmantelamiento de las infraestructuras del sistema para garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente.
Por último, se reestablece la tramitación de las instalaciones afectadas por el Real Decreto-ley 13/2012, lo que les permitirá obtener la autorización administrativa y se determina un procedimiento para evaluar si su puesta en operación comercial es necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema gasista.
