El Gobierno confía en que la inversión que reciba la eficiencia energética en 2016 supere los 1.500 millones de euros, sumando fondos públicos y fondos privados, gracias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Así lo declaró Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, durante su última comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados: “el Gobierno cuenta para la financiación de esta política con un año completo del Fondo de Eficiencia Energética, con más de 200 millones de euros, que, junto con otras partidas, permitirá apalancar inversiones en materia de eficiencia energética por encima de los 1.500 millones de euros en el ejercicio 2016”.
La clave de estas expectativas, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), se nutre con aportaciones de las empresas comercializadoras de energía. Como nació a mediados del año pasado (Ley 8/2014), las compañías sólo tuvieron que pagar por la mitad del ejercicio, 102 millones, pero este 2015 deben pagar por todo, con lo que el capital disponible ascenderá a 244 millones, incluyendo un remanente de 37 millones de 2014.
A esa cantidad se añaden aportaciones europeas del Fondo de Desarrollo Regional. Entre el año 2014 y 2020 España tiene asignados 1.138 millones exclusivamente para medidas de eficiencia energética, de los que una parte irán al FNEE y otra se canalizarán a las comunidades autónomas según su nivel de desarrollo.
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae) es el organismo encargado de gestionar el FNEE. Este año ha estrenado la nueva disponibilidad de fondos con tres líneas de ayudas y subvenciones aprobadas el pasado mes de mayo:
La primera se dedica al alumbrado exterior municipal, y se le destinan 36 millones.
La segunda es para las empresas, tanto grandes como pequeñas, y cubre hasta el 30 por ciento de la inversión necesaria para ejecutar proyectos menores de cuatro millones. Las grandes empresas tienen que hacer auditorías energéticas antes del 5 de diciembre y se espera que contribuya a que implementen las medidas de ahorro que se detecten durante las mismas. Tiene asignados 49 millones.
La tercera línea es para el cambio modal en el transporte -de la gestión de flotas a la conducción eficiente- y está dotada con ocho millones.
También en mayo se aprobó una cuarta línea para la rehabilitación energética de edificios, pero este año sus fondos -200 millones- no provienen del FNEE, sino de los Presupuestos y de remanentes de programas anteriores.
Si las expectativas se cumplen, la inversión crecerá. Desde luego, Nadal fue rotundo al concluir su intervención en el Congreso: “la eficiencia energética debe ser el eje de la próxima legislatura”.
Fomento aporta el Plan de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas. Agricultura los planes Pima Sol y Pima Aire. Industria, además de las citadas líneas del Idae, los planes de incentivos al vehículo eficiente (Pive), los planes de impulso al vehículo eléctrico (Movele), los planes de renovación de electrodomésticos y otro equipamiento (Renove). A todo ello hay que sumar las iniciativas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
La política fiscal de Hacienda, por su parte, contribuye a la eficiencia con los impuestos ambientales, especialmente los que recaen sobre la energía, como el llamado céntimo verde sobre los hidrocarburos.
De acuerdo con lo establecido por la Orden IET/289/2015, unas 240 empresas están obligadas a contribuir económicamente al FNEE. La Orden menciona más de 400 compañías, pero sólo esas venden un volumen de energía lo suficientemente grande como para verse afectadas. Son comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor, y operadores de gases licuados de petróleo, también al por mayor. La cantidad que deben aportar depende del volumen de energía comercializado y de un ratio decidido anualmente por el Gobierno.
Lógicamente, los mayores contribuyentes al FNEE son las grandes empresas: Repsol debe desembolsar más de 62 millones de euros; Cepsa, más de 34; Endesa, más de 32; Gas Natural, más de 23; Iberdrola más de 31; BP más de 10, etc.
La mayoría de ellas, así como varias de sus asociaciones patronales, han recurrido la obligación ante el Tribunal Supremo. En total, 23 entidades lo han hecho, porque consideran que la obligación de contribuir es, en realidad, un tributo encubierto, y porque interpretan que no se ha traspuesto de un modo correcto la Directiva 2012/27/UE, de Eficiencia Energética.
Esta Directiva ordena que las empresas ahorren el 1,5 por ciento de sus ventas anuales o hagan una aportación económica equivalente a ese ahorro para nutrir los FNEE de cada país. También otorga potestad a cada Estado para excluir el transporte de la obligación y abre la puerta a varias medidas de flexibilidad que no se incluyen en la legislación española.
Para evitar la contribución dineraria al FNEE, las empresas deben demostrar que han conseguido un ahorro energético equivalente al 1,5 por ciento de sus ventas anuales y para ello necesitan que se desarrolle un mecanismo de certificación.
La Ley 8/2014 habilita al Gobierno a desarrollar ese mecanismo de certificación, y lo basa en la emisión de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Estos CAE también son conocidos como certificados blancos y llevan años implantados en otros países, como Italia.
Lamentablemente, su desarrollo reglamentario aún está pendiente, de modo que no se puede demostrar que se ahorra energía y las empresas no tienen más remedio que cotizar al FNEE.
Cuando los CAE estén listos, su valor estará determinado por un catálogo de actuaciones de eficiencia energética. Además, se podrán comercializar, de acuerdo con una operativa muy similar a la del mercado de emisiones de CO2. Para obtenerlos y participar en este nuevo mercado, las empresas habrán de inscribirse en un registro y suscribir un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera de cuantía aún por determinar.
Todo el sistema será gestionado por el Idae, y precisamente ahí está uno de los principales escollos para que se apruebe con rapidez: la entidad no dispone de los medios suficientes para manejar el volumen de trabajo que le acarreará el sistema.
Quizá para paliar esa situación, el Idae -que tiene fuentes propias de financiación- tiene asignados una partida de 11,6 millones en los Presupuestos Generales del Estado, algo que no sucedía desde hace años; como anució Alberto Nadal, se destinarán a potenciar su capacidad de gestión.
Los CAE, además, contribuirán a dinamizar el mercado y a facilitar el trabajo de las Empresas de Servicios Energéticos.
