La Oficina de Justicia en el Municipio se convierte directamente en la puerta de acceso al servicio público de Justicia como evolución de los juzgados de paz. Se constituye como una iniciativa que transforma digitalmente el acceso a la justicia en más de 7.701 localidades. Mediante videoconferencias, tramitación telemática y servicios conectados al Registro Civil, reduce desplazamientos, mejora la eficiencia energética y promueve la cohesión territorial, alineándose con Justicia 2030
La Oficina de Justicia en el Municipio: digitalización para una justicia sostenible y cercana
Indicadores y procesos de mejora
El proyecto cuenta con indicadores clave como número de trámites realizados digitalmente, reducción de desplazamientos, tiempo medio de atención, nivel de satisfacción ciudadana y cobertura territorial. Se han implantado procesos de mejora continua basados en la monitorización de datos, encuestas a usuarios, reuniones con entidades locales y análisis de rendimiento. Estos procesos permiten ajustar la operativa, mejorar la formación del personal, actualizar los recursos tecnológicos y adaptar los servicios a las necesidades reales de cada municipio, garantizando una evolución constante del modelo.
Cuantificación/Estimación reducción consumo
La digitalización de trámites y el uso de videoconferencias han reducido el consumo energético vinculado a desplazamientos, papel, impresión y uso de infraestructuras judiciales tradicionales. Se estima una reducción del consumo energético de hasta un 30 % en municipios participantes. La atención local evita viajes a capitales de provincia, mientras que la gestión documental electrónica y la interoperabilidad con el Registro Civil eliminan procesos físicos innecesarios. El uso eficiente de dispositivos TIC y la centralización digital de servicios contribuyen a una justicia más sostenible.
Cuantificación/Estimación reducción emisiones CO2
La implantación del proyecto ha permitido evitar miles de desplazamientos anuales de ciudadanos y operadores jurídicos, lo que se traduce en una reducción estimada de hasta 1.500 toneladas de CO₂ al año. La atención digital desde el municipio evita el uso de vehículos privados y transporte público para trámites que antes requerían presencia física en sedes judiciales. Además, la eliminación del papel y la optimización de recursos tecnológicos contribuyen a reducir la huella de carbono del sistema judicial, alineándose con los objetivos climáticos del Plan de Recuperación y Justicia 2030
Innovación aplicada y buenas prácticas
El proyecto aplica innovación en la descentralización digital de servicios judiciales, con oficinas equipadas para atención remota, interoperabilidad con el Registro Civil y tramitación telemática. Se promueve la inclusión digital, la cohesión territorial y la eficiencia energética. Las buenas prácticas incluyen formación local, gobernanza colaborativa entre el Ministerio de Justicia y entidades locales, uso de tecnologías accesibles, atención personalizada y escalabilidad del modelo. La iniciativa sirve como ejemplo replicable para otros servicios públicos que buscan acercar la administración a la ciudadanía mediante digitalización
Uso de tecnologías (TICs)
Se emplean tecnologías como videoconferencia segura, tramitación telemática, firma electrónica, sistemas de gestión documental, conexión a la Sede Judicial Electrónica y plataformas interoperables con el Registro Civil. Las oficinas están equipadas con dispositivos TIC accesibles (pantallas, escáneres, impresoras, conexión segura), garantizando una experiencia digital inclusiva y eficiente. Además, se promueve el uso de formularios orientados al dato, sistemas de asistencia remota y herramientas de monitorización que permiten una gestión inteligente y sostenible del servicio judicial en el territorio