Los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) tratarán mañana varias propuestas para mejorar la eficiencia energética que afectan tanto a la administración pública como a las empresas energéticas, con el objetivo de lograr el recorte voluntario del 20 % del consumo fijado para 2020.
El Consejo de Energía, reunido en Bruselas, estudiará las medidas impulsadas por la Comisión Europea (CE) dentro de la nueva directiva de eficiencia energética, que prevé obligar a las compañías energéticas a reducir en un 1,5 % anual el volumen de sus ventas de gas y electricidad con respecto al año anterior como medida de ahorro.
La CE quiere conseguir que las plantas eléctricas e industriales recuperen el calor residual que se produce al generar energía (proceso conocido como cogeneración) para que pueda ser aprovechado, por ejemplo para alimentar calefacciones urbanas.
Varios países, como España, rechazan este punto porque consideran que perjudica a las instalaciones de renovables que generan energía de manera intermitente -como la eólica o la solar-, dado que la cogeneración exige que la producción de calor sea constante, por ejemplo, para evitar cortes en la calefacción de las viviendas.
También se introducirían ciertas obligaciones para el sector público, como la de efectuar renovaciones en un 3 % de sus edificios de más de 250 metros cuadrados cada año para lograr que consuman menos energía -frente al 1,5 % que se exige en la actualidad-, una idea que ya fue rechazada por los Veintisiete el pasado marzo.
Los Estados quieren imponer flexibilidad en la aplicación de la directiva de eficiencia energética y que se permita el uso de medidas de ahorro alternativas a las propuestas por la CE.
Los ministros también estudiarán la propuesta del Ejecutivo comunitario para endurecer la concesión de licencias a plataformas petrolíferas, entre las que se incluyen nuevos requisitos de seguridad y la asunción de costes de limpieza y reparación medioambiental en caso de accidente.
Este nuevo reglamento está especialmente dirigido a las perforaciones de aguas profundas -aquellas que se realizan a partir de 1.000 metros- para evitar un desastre medioambiental como el que causó una plataforma de British Petroleum en el golfo de México en julio de 2010.
Las plataformas deberán demostrar que disponen del capital y la capacidad técnica suficientes para operar y asumir los costes de limpieza y reparación de daños medioambientales en caso de que se produzca un accidente, así como presentar planes de emergencia.
Las redes transeuropeas de energía también serán tratadas en este Consejo, y los ministros debatirán cuestiones como los criterios para decidir qué proyectos pueden considerarse de interés común y, por tanto, prioritarios para Bruselas.
Por otra parte, los ministros decidirán la financiación que Bruselas destinará para ayudar a varios Estados miembros del centro y este de Europa a desmantelar centrales nucleares.
