Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión y Reformas, ha declarado: «REACT-UE es crucial para la recuperación de la economía tras la crisis del coronavirus. España está haciendo una labor extraordinaria movilizando estos recursos para realizar inversiones muy necesarias con el objetivo de lograr una recuperación rápida, fuerte y convergente, así como una transición justa y equilibrada hacia una economía digital y ecológica».
En Andalucía, 1 640 millones de euros de financiación del FEDER y del FSE proporcionarán capital circulante a 57 000 pequeñas y medianas empresas (pymes) para mitigar el impacto del cese de las actividades comerciales provocado por la pandemia. Los fondos de la UE también apoyarán la eficiencia energética, la movilidad sostenible y las medidas de mitigación del cambio climático, así como el uso de fuentes de energía renovables. Además, se realizarán inversiones destinadas a la construcción y renovación de las infraestructuras sanitarias y al refuerzo de los centros educativos financiados con fondos públicos, así como a incentivos para el mantenimiento o la creación de nuevos puestos de trabajo, apoyando, en particular, a aquellas personas que trabajan por cuenta propia.
En Asturias, se invertirán 68,2 millones de euros del FEDER en servicios y productos sanitarios en respuesta a la pandemia por coronavirus, mejorando las condiciones del teletrabajo y los servicios públicos digitales, como el aprendizaje electrónico. Los fondos también prestarán apoyo al tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, mediante el establecimiento de redes de saneamiento o la mejora o construcción de plantas de tratamiento, así como a través de la construcción y renovación de infraestructuras escolares, centradas en aumentar la eficiencia energética.
En el País Vasco, 278,5 millones de euros del FEDER se destinarán a la adquisición de equipos sanitarios y medicamentos, instalaciones para la realización de pruebas de diagnóstico y la prestación de tratamientos y un mayor número de camas en las instalaciones sanitarias. Además, los fondos apoyarán la transición hacia una economía digital centrada en la digitalización de los servicios públicos, entre ellos la sanidad y el aprendizaje electrónicos, así como la transición hacia una economía ecológica gracias a la movilidad eléctrica en el transporte público, la mejora de la eficiencia energética y la utilización de energías renovables en los edificios públicos.
En Cantabria, se destinarán 79,4 millones de euros del FEDER a la adquisición de nuevos productos y servicios sanitarios, como equipos sanitarios y costes de personal, a la transición hacia una economía digital mediante la digitalización de las escuelas, los servicios de protección civil, la administración electrónica y las pymes, así como al apoyo a los sectores económicos más afectados por la crisis del coronavirus. Dicho apoyo se prestará a través de subvenciones para inversiones productivas centradas en el turismo, el sector industrial y el comercio. La UE también apoyará el sistema de formación profesional.
En Castilla-La Mancha, 406 millones de euros del FEDER y del FSE reforzarán los servicios sanitarios y sociales para combatir la pandemia mediante suministros adicionales de equipos médicos y nuevas contrataciones de personal, así como la digitalización de los servicios públicos y la educación. Asimismo, la financiación adicional ayudará a quienes trabajan por cuenta propia a mantener su actividad, y apoyará a aquellas personas que estudian una formación profesional de educación superior y que solicitan empleo con oportunidades de asesoramiento y desarrollo de capacidades ofrecidas por municipios y organizaciones sin ánimo de lucro.
En Castilla y León, 275,5 millones de euros de financiación del FEDER apoyarán la mejora de las infraestructuras sanitarias y la transición digital, invirtiendo en servicios electrónicos en las escuelas y los servicios públicos y de emergencia. Además, unas 8 500 empresas recibirán apoyo en forma de capital circulante. Por último, la comunidad autónoma recibirá ayuda en su transición ecológica mediante la promoción de la economía circular, la mitigación del cambio climático, así como la adaptación a este, y la prevención y gestión de riesgos.
En Cataluña, se destinarán 893,3 millones de euros del FEDER a la adquisición de equipos sanitarios, medicamentos e instalaciones para la realización de pruebas de diagnóstico y la prestación de tratamientos para combatir el nuevo coronavirus, incluida la adquisición de alrededor de 1,2 millones de pruebas. Asimismo, los fondos apoyarán la transición hacia una economía digital y ecológica a través de la movilidad «blanda» y las vías ciclistas, y proporcionarán infraestructuras básicas a la ciudadanía, por ejemplo, mediante la construcción y renovación de las infraestructuras para la sanidad (atención primaria y hospitales) y la educación (educación primaria, secundaria y especial).
En Ceuta, 7 millones de euros de financiación del FSE apoyarán incentivos para contratos indefinidos o para convertir contratos temporales en indefinidos, empresas emergentes y programas de educación y formación profesional que combinen el aprendizaje en empresas y escuelas.
En Melilla, se invertirán 3,7 millones de euros en la transición hacia una economía digital y ecológica a través de acciones para facilitar datos abiertos a las pymes y el uso de tecnologías emergentes como el internet de las cosas, así como para adaptar los servicios digitales a la ciudadanía y las empresas. La UE apoyará aquellas inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital y ecológica, como la mejora de la vegetación y la fauna y la protección de tierras para el uso ciudadano y científico. Asimismo, los fondos irán dirigidos a inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a la ciudadanía, incluido un nuevo centro de formación profesional.
En La Rioja, se destinarán 40 millones de euros del FEDER a financiar inversiones en material médico, farmacéutico y de investigación, además de a estimular el espíritu empresarial, revitalizar sectores como el turismo y la cultura, mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos o construir y renovar las infraestructuras para la sanidad y la educación, así como a poner en marcha medidas para reducir la carga administrativa en beneficio de la ciudadanía y las empresas.
