Certificados electrónicos en Justicia para apoyar el desarrollo sostenible

Indicadores y procesos de mejora

La Administración de Justicia ha puesto a disposición de los ciudadanos y profesionales distintos servicios electrónicos para la certificación de las situaciones y hechos que constan en los diferentes Registros administrativos: el Registro de Actos de Última Voluntad, el Registro de Contratos de Seguros de obertura de fallecimiento, el Registro Central de Penados y el Registro Civil.

La incorporación de estas certificaciones a través de la Sede Electrónica, Carpeta Justicia y Carpeta Ciudadana permite a los ciudadanos, y en algunos casos a las personas jurídicas, solicitar y disponer de la certificación correspondiente de forma automática e inmediata en la inmensa mayoría de las solicitudes, y, por otro lado, se libera de esta tarea de gestión al personal funcionario encargado de resolver dichas solicitudes.

Este proyecto establece indicadores clave que miden la eficiencia y la satisfacción del usuario.

Cuantificación/Estimación reducción consumo

La digitalización de los trámites ha generado una notable reducción en el consumo de recursos. Al eliminar la necesidad de desplazamientos para realizar gestiones, se ha disminuido significativamente el consumo de energía asociado al transporte, lo que contribuye a la sostenibilidad del sistema. Además, la eficiencia energética en las sedes ha mejorado, ya que se reciben menos personas, lo que reduce la demanda de recursos en estas instalaciones.

También se ha reducido el consumo de papel al obtener los certificados en formato digital.

Cuantificación/Estimación reducción emisiones CO2

La implementación de certificaciones electrónicas ha permitido una reducción considerable de las emisiones de CO2. Al eliminar la necesidad de desplazamientos físicos y reducir el uso de papel, se estima que se han evitado miles de toneladas de emisiones anuales. Este impacto positivo en el medio ambiente no solo contribuye a la lucha contra el cambio climático, sino que también promueve un modelo de justicia más sostenible y responsable.

Si por ejemplo nos fijamos en el caso del Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, las solicitudes presenciales representaron sólo el 7% del total, mientras que el 93% se realizaron a través de canales digitales, con 1.488.217 solicitudes a través de Sede Electrónica y 103.596 a través de Carpeta Ciudadana, evidenciando el fuerte impulso que ha tomado la tramitación digital en comparación con los canales presenciales. Todas estas personas se han evitado un desplazamiento a la sede y han evitado con ello la emisión de una enorme cantidad de CO2.

Innovación aplicada y buenas prácticas

El proyecto de certificaciones electrónicas ha integrado importantes innovaciones tecnológicas que optimizan el acceso a los servicios administrativos. La expedición del certificado se realiza de manera inmediata, registrándose a través de Cl@ve o utilizando un certificado electrónico, lo que facilita enormemente el proceso para los usuarios.

En este contexto, la base de la seguridad jurídica se fundamenta en la identificación segura mediante métodos ágiles. Esto no solo garantiza una mayor eficiencia en los trámites, sino que también proporciona una sólida seguridad jurídica para los administrados, asegurando la protección de sus derechos.

Entre las buenas prácticas del proyecto se destaca la implementación de un sistema de retroalimentación que permite a los usuarios expresar sus opiniones y sugerencias. Esta retroalimentación es crucial para que el sistema evolucione y se adapte a las necesidades de los ciudadanos, mejorando así de forma constante la calidad del servicio.

Uso de tecnologías (TICs)

La orientación al dato ha sido determinante en la implementación de certificados electrónicos en el ámbito de la justicia, permitiendo a los ciudadanos acceder a información relevante de manera rápida y eficiente. Este enfoque ha facilitado la digitalización de trámites, reduciendo la burocracia y mejorando la experiencia del usuario.

Otro aspecto importante ha sido la interoperabilidad de a información entre organismos, regulada por el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ha facilitado el intercambio de información entre administraciones, asegurado la compatibilidad de sistemas y estandarizados formatos, mejorando la usabilidad y accesibilidad de los servicios digitales de justicia.