El 8 de marzo de 2019 ha finalizado el plazo de consulta pública del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) sobre los modelos de pliegos para la contratación de servicios energéticos de los edificios de las administraciones públicas. Esta consulta persigue la adaptación de los modelos de pliegos anteriores a los requisitos de la actual Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, para poder seguir aprovechando las ventajas y beneficios que estos contratos ofrecen para las administraciones públicas.
Entre estos beneficios se encuentra el que las inversiones necesarias para la mejora de la eficiencia energética se financian directamente de los ahorros conseguidos y que el adjudicatario privado del contrato asume los riesgos de las obras e instalaciones necesarias en el contrato.
Hace ya diez años que el IDAE publicó los primeros pliegos para la contratación de servicios energéticos (año 2009) y actualmente el mercado de servicios energéticos factura en España más de 1.100 millones de euros anuales, produciendo un ahorro energético medio del 36% en las instalaciones, un ahorro económico de un 25,7% y un ahorro en emisiones CO2 de un 42,3%, según datos del Observatorio de Eficiencia Energética para el año 2017.
Esta experiencia de éxito debería considerarse un ejemplo a estudiar y trasladar a otros ámbitos de gasto público susceptibles de optimización por modernización tecnológica, por ejemplo, las inversiones y gastos en Tecnologías de la Información (TIC).
Como consecuencia de la Revolución Digital, todas las Administraciones Públicas y todos los agentes económicos, públicos y privados, se encuentran actualmente en pleno proceso de transformación digital. Sin embargo, las administraciones están experimentando cierto retraso y dificultades en la contratación de servicios digitales, entre ellos la contratación de servicios en la nube (Cloud Computing).
El Cloud Computing es una de las principales palancas para la transformación digital, que proporciona grandes ventajas en agilidad, flexibilidad, escalabilidad y eficiencia en costes frente a los modelos tradicionales de autoprestación y externalización de servicios. Supone una nueva manera de gestionar y optimizar el uso de una determinada capacidad digital, generando beneficios económicos para la empresa contratista y una reducción del gasto para la organización que la contrata.
Al igual que las empresas de servicios energéticos asumen los riesgos de inversión en obras y modernización de instalaciones, las empresas de servicios cloud asumen el riesgo de inversión en nuevas infraestructuras, sistemas y servicios digitales. La flexibilidad, escalabilidad y agilidad que proporciona esta nueva tecnología digital permiten maximizar la eficiencia mediante el uso compartido por múltiples clientes.
Los clientes de servicios cloud sólo tienen que pagar por el uso particular que hagan de esas capacidades y servicios digitales y además tendrán garantizados por contrato la dedicación de recursos y el rendimiento que soliciten. De esta manera, ya no tendrán que preocuparse de la adquisición e instalación de infraestructuras, sistemas y otros activos TIC, ni de su mantenimiento, evolución o renovación por obsolescencia.
Adicionalmente, y ligado al concepto de eficiencia energética, el uso de servicios cloud proporciona un ahorro de energía de hasta un 50%, dada la eficiencia que se alcanza en los centros de servicio de los grandes proveedores de servicios. Este ahorro tiene un gran impacto en los objetivos de reducción de emisiones y responsabilidad corporativa de instituciones públicas y privadas.
Aunque prácticamente todas las empresas privadas están ya contratando servicios cloud en alguna de sus modalidades (pública, híbrida, privada, IAAS, SAAS, PAAS,..) existen muy pocos contratos cloud en las administraciones públicas.
Hay muchas barreras que explican este retraso. Algunas son de tipo cultural, ligadas al modelo actual de función pública, o de tipo administrativo. Un ejemplo es que las partidas de presupuesto destinadas a la inversión en sistemas y equipos digitales sea diferente a la destinada a su mantenimiento. Esta situación dificulta la selección por criterios de eficiencia, ya que suele compararse sólo con la inversión económica sin ligarla al gasto de mantenimiento durante el ciclo de vida del sistema. Otra barrera ligada a esta situación es la justificación necesaria para solicitar la modificación de partidas presupuestarias y el rechazo natural que genera la propia burocracia del proceso.
Encontramos otra barrera en la dificultad que supone estimar las necesidades que van a afrontarse durante el contrato, para hacer la correspondiente reserva de crédito, así como los problemas asociados al ajuste al alza o a la baja de esa estimación. Estos problemas son especialmente relevantes para la contratación de un servicio cloud, que se caracteriza por la flexibilidad y agilidad en la demanda y provisión de servicios bajo un modelo de pago por uso.
Pero algunas de estas barreras y otras similares se encontraban también en la evolución de la contratación tradicional de suministros de energía y de servicios de mantenimiento, barreras que se han superado con el contrato de servicios energéticos actual.
La evolución hacia el cloud es una realidad incuestionable en el mundo digital actual. Tarde o temprano, las Administraciones Públicas contratarán servicios cloud con agilidad, como ya lo hacen actualmente las empresas privadas y las administraciones de otros países. Pero el principio de eficiencia en la prestación de servicios públicos obliga a las administraciones a evolucionar y adoptar estas nuevas tecnologías lo antes posible, y su legitimidad y credibilidad se verá tanto más cuestionada cuanto más tarde se aborde esta realidad.
La transformación que se ha producido en los contratos de servicios energéticos podría inspirar la evolución de los contratos TIC actuales hacia los contratos de servicios digitales, y sería muy beneficioso plantear un estudio comparado entre ambos procesos.
En el caso de los servicios energéticos es destacable el papel de liderazgo del IDAE y el apoyo de la FEMP, como agentes catalizadores de la transformación. Asimismo, la actividad de publicación y difusión de pliegos para la contratación de servicios energéticos supuso un punto de inflexión en la velocidad del proceso de transformación.
Quizá la Secretaría General para la Administración Digital podría asumir un rol equivalente al del IDAE para los servicios digitales y lanzar una consulta pública sobre un nuevo modelo de contratación de servicios cloud en las Administraciones Públicas. Muchas veces hablamos de la gestión del cambio, pero a veces el problema es mucho más de liderazgo que de gestión.
Director de Desarrollo de Negocio para el Sector Público de Atos Iberia
