Tras la introducción de las líneas directores del Plan por parte del presidente del Gobierno, los vicepresidentes han desgranado, en un acto conjunto, el desarrollo de las políticas que atañen a sus carteras y que vehicularán los cerca de 72.000 millones de euros asignados para el periodo 2021-2023.
España puede y España debe hacerlo
«España puede y España debe hacerlo y no tenemos más alternativa que hacerlo bien», ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en referencia a las modificaciones necesarias que debe acometer el Estado para dar una respuesta eficaz a la salida de la crisis social y económica provocada por la pandemia.
Pool Moncloa / JM CuadradoPara Calvo, los próximos años suponen un gran desafío para las instituciones, los responsables políticos de todas las administraciones y los también los sectores privados, un gran desafío -ha indicado- que debe estar a la altura demostrada por los ciudadanos durante estos meses desde que comenzó la pandemia.
«Las crisis traen cambios y los cambios pueden traer oportunidades de progreso», ha señalado, en referencia a la necesidad de implementar todas las transformaciones pendientes en el presente como base de nuestro futuro. «Tenemos que coordinarnos y mejorar en nuestra cogobernanza para ser más eficientes» ha señalado Calvo, indicando que con ello también se logrará implicar a todos los actores y generar sinergias de recuperación con los sectores privados.
Para la vicepresidenta, aprobar unos Presupuestos Generales del Estado «donde el mapa coincida con la realidad» requiere también de una profunda modernización de la Administración General del Estado, modificaciones estructurales que ya eran necesarias antes y que ahora se hacen imprescindibles.
«En nuestro plan normativo está prevista una nueva ley de la Administración Pública, que aligere nuestros procedimientos sin faltar al rigor, al control y a la transparencia».
Calvo ha explicado la necesidad de acometer modificaciones para asimilar los fondos europeos de forma eficaz y rápida mediante un Real Decreto por la urgencia que tenemos ante la crisis del Covid, pero no por ello sin dejar de tramitarlos como leyes en el Parlamento, de tal forma que estas modificaciones se vean enriquecidas y mejoradas por los diferentes grupos parlamentarios.
Por último, la vicepresidente primera ha enumerado algunas de las leyes que necesitan ser modificadas, como es la Ley de Contratos del Estado, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley Presupuestaria o la Ley de Subvenciones Públicas, indicando que estas modificaciones se hacen porque «debemos ser garantes, pero también tenemos que ser eficientes».
Una oportunidad sin precedentes
Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha destacado la oportunidad que ofrece el acuerdo europeo para superar debilidades de nuestra economía evidenciadas en las últimas crisis, tales como precariedad laboral, alta tasa de pobreza infantil, y modelo productivo poco diversificado, además de la escasa inversión pública en sanidad, educación y protección social.
«Para España representa una oportunidad sin precedentes de corregir deficiencias de la estructura económica de nuestro país», ha subrayado el vicepresidente.
Pool Moncloa / JM CuadradoEse cambio de estructura es indispensable para que se puedan cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para disponer de una base para poder cumplir los objetivos en los próximos 9 años. En ese sentido, Iglesias ha señalado los objetivos en los que actuar.
En primer lugar, reindustrializar nuestro país con criterios de transformación ecológica, apostando por energías renovables que pueden llegar a suponer una ventaja competitiva. En segundo lugar, la diversificación económica. «Que a nadie se le olvide que la corrupción que tanto daño ha hecho en España tenía una base económica», ha denunciado. «Necesitamos nuevos emprendedores que asuman el liderazgo de un sector empresarial capaz de construir los retos que van a definir nuestro país en los próximos años», ha urgido. Y el tercer objetivo es fortalecer lo público. «Hay que invertir más en Sanidad. No podemos consentir que haya profesionales sanitarios que dan la cara cada día y que trabajan en condiciones de precariedad inaceptables».
Iglesias ha destacado la atención al sistema de cuidados. «Invertir en cuidados responde a razones de justicia social y eficacia económica». Ha explicado que, con un sistema de atención similar al sueco, España crearía medio millón de empleos. También ha estimado que establecer la educación pública desde los cero años supondría la creación de 150.000 puestos de trabajo.
Una España digital
Pool Moncloa /JM CuadradoLa puesta en marcha del «Plan de recuperación Transformación y Resiliencia de la Economía Española» puede aumentar el crecimiento entre dos y tres puntos porcentuales en 2021 y permitir la vuelta a la senda de crecimiento pre-Covid a finales del año 2023.
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que para que estas metas se alcancen es crucial abordar un proceso de modernización de nuestra estructura productiva en el que la Transformación Digital se convierta en un proceso esencial.
Esa Transformación Digital dispondrá de un presupuesto de unos 20.000 millones de euros, equivalentes al 33% de la inversión prevista con las transferencias para el periodo 2021-2023.
Los proyectos relacionados con la digitalización se desplegarán a través de diez políticas tractoras que van desde la agenda urbana a la educación, desde la agricultura al turismo, desde la industria a la movilidad, desde la modernización de la administración pública hasta la nueva economía de los cuidados, con el objetivo de aprovechar esta oportunidad para impulsar una transformación digital que actúe sobre las infraestructuras y la tecnología, sobre los sectores económicos y el tejido productivo y sobre las personas.
Los diez objetivos estratégicos de la agenda España Digital 2025, presentada por el Gobierno el pasado mes de julio, serán el camino a seguir en el proceso de digitalización que se verá ahora acelerado por el Plan de Recuperación para la Transformación de la economía española.
Una transición ecológica llena de oportunidades
Pool Moncloa / JM CuadradoLa vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado la agenda urbana y rural, el desarrollo de infraestructuras y ecosistemas resilientes y la transición energética justa e inclusiva como las tres grandes políticas palanca que centrarán las actuaciones de su departamento.
Estos ejes, junto al abordaje transversal del reto demográfico, constituyen según ha explicado, «una oportunidad para transformar el país y avanzar en la modernización de la economía». «Este plan que hoy hemos presentado activa y moviliza inversiones con efecto multiplicador sobre la economía y el empleo, inversiones que generan competitividad, modernizan el tejido productivo y nos permiten ubicarnos en sectores estratégicos como país», ha señalado Ribera.
En lo referente a la Agenda Urbana y Rural, a la que se destinará el 16% de los recursos, el Gobierno apuesta por una movilidad sostenible, impulsando la electrificación y la renovación de la flota de vehículos, la rehabilitación energética de edificios y la transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario como acciones fundamentales, objetivos para los que se movilizarán más de 5.000 millones en tres años» .
En materia de Desarrollo de Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes se promoverá un Fondo para la Restauración Ecológica para impulsar la transición verde y proteger la biodiversidad En ese sentido, la vicepresidenta ha destacado que se trabajará «en bosques y prevención de incendios, y en la restauración, entre otros, de 10.000 hectáreas de humedales». El refuerzo en la gestión de los recursos hídricos, con la rehabilitación de 3.000 kilómetros de ríos, y la adaptación de la costa al cambio climático, con la recuperación de, al menos, 200 kilómetros de litoral,centran también las actuaciones en este ámbito.
La Transición Energética, que constituye la tercera de las palancas y concentra el 9% de los recursos del plan, pretende avanzar hacia un sistema 100% renovable, abierto a la ciudadanía, las empresas y las administraciones. Para lograrlo, se avanzará en un marco normativo claro, estable y predecible que estimule la inversión privada en el despliegue de renovables mediante un nuevo sistema de subastas y líneas de apoyo para proyectos innovadores, con una clara apuesta por la eólica offshore flotante.
La apuesta por el Hidrógeno Renovable como un proyecto de país -clave para la reactivación económica y a la hora de alcanzar la neutralidad climática- y la Estrategia Nacional de Autoconsumo son algunas de las políticas de este eje, que otorga una gran importancia al diálogo, así como al apoyo y al acompañamiento para la reactivación de las zonas más afectadas por esta transición ecológica, que debe ser justa e inclusiva, abordando de manera transversal y prioritaria el reto demográfico.
La vicepresidenta también ha destacado los beneficios económicos de la economía circular son claros, generan inversiones con impacto notable en la actividad económica y nuevo empleo, con un potencial de más de medio punto adicional de PIB por año. Abordar la lucha contra la despoblación es una de las grandes prioridades y representa el 17% del total del plan. Para revertir la tendencia de décadas hacia la despoblación y el envejecimiento en áreas rurales, «empezaremos en municipios de menos de 5.000 habitantes, movilizando 12.000 millones de euros en tres años en eficiencia de edificación, depuración de agua, conectividad digital y educación conectada». También se impulsará el turismo sostenible, con énfasis especial en la calidad, tanto en entornos rurales y de alta montaña como en destinos turísticos maduros.
