¿Está España preparada para cumplir con los retos del Horizonte 2030?
España ha hecho un esfuerzo notable en los últimos años para iniciar y sentar las bases del proceso de transformación del modelo energético y productivo que permitirá cumplir con los objetivos de descarbonización a 2030 y 2050. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (2050) han servido de base para la definición de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se ha diseñado, precisamente, en torno a la transición ecológica y la transformación digital.
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que constituye, junto con el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, «el mayor paquete de estímulo jamás financiado», permitirá continuar y consolidar esta transformación, ya que como todo proceso de cambio estructural requiere el compromiso y la participación activa de los sectores público y privado.
El presupuesto público movilizado hasta la fecha, a través de las diferentes componentes del Plan, y la respuesta positiva de los potenciales beneficiarios de dichos fondos, permite constatar la irreversibilidad de este proceso transformador del modelo energético.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, se están poniendo en marcha programas de incentivos a la instalación de puntos de recarga y la adquisición de vehículos eléctricos (Programas MOVES), programas dirigidos a la rehabilitación energética y la regeneración urbana en municipios de reto demográfico y programas de promoción de las energías renovables, la flexibilidad y el almacenamiento y de impulso del hidrógeno renovable, estos últimos dentro del PERTE-ERHA, con más de 6.920 millones de euros de inversión pública y la capacidad de movilizar hasta 9.450 millones de euros de inversión privada.
La adopción de las reformas y la ejecución del presupuesto comprometido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España constituyen la garantía del cumplimiento de los objetivos a 2030, para lo que se necesita trabajar, no solo para mejorar la eficiencia energética e incrementar la producción y consumo de energías renovables, sino para reforzar y desarrollar las capacidades tecnológicas e industriales y para fomentar la innovación social y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.
¿Quién considera que está impulsando más la adopción de tecnologías de eficiencia energética: Gobierno, proveedores de tecnología, empresas usuarias, …? ¿Cuáles son las principales barreras a la adopción de estas tecnologías?
El esfuerzo para impulsar la transformación energética está siendo conjunto, una vez que desde los poderes públicos se señala la prioridad de la transición ecológica y la transformación digital como ejes vertebradores de la recuperación económica. En este sentido, la consideración de la transversalidad de la transición energética y la transformación digital en el diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permite la transferencia de recursos con estos objetivos a todos los sectores de actividad, de manera que la transición energética y la transformación digital pasan de considerarse políticas sectoriales a moldear toda la acción de Gobierno. De manera adicional a estos dos ejes, la recuperación se articula en torno a otros dos fundamentales: la cohesión social y territorial y la igualdad de género, de forma que todas las administraciones públicas, sea cual sea su nivel competencial, participan e impulsan este proceso transformador que debe contribuir a reducir los desequilibrios sociales, territoriales y de género.
Por otro lado, la mejora del conocimiento de la transición energética posibilita a la ciudadanía situarse en el centro de la toma de decisiones sobre el uso y consumo de la energía, con un efecto de arrastre sobre las empresas proveedoras de tecnologías y equipos. No obstante, las capacidades técnicas e industriales pueden constituir un límite a la adopción masiva de nuevas tecnologías, por lo que es importante trabajar en toda la cadena de valor, creando las nuevas capacidades y capacitando a los profesionales que deberán hacer posible esta transformación.
¿Considera estratégica la necesidad de reducir el consumo energético entre las empresas del sector industrial? ¿Se ha marcado un Plan con objetivos y tiempos para mejorar la eficiencia energética?
Por supuesto, y los planes en materia de eficiencia energética se han ido sucediendo en España desde las primeras directrices y directivas europeas sobre el uso final de la energía y los servicios energéticos. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 establece objetivos de mejora de la eficiencia energética para todos los sectores consumidores de energía y, particularmente, para el sector industrial, y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética está permitiendo diseñar programas de ayudas para la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales y la implantación de sistemas de gestión energética.
Las Directivas de Eficiencia Energética han establecido objetivos de ahorro de energía final hasta 2020, en el caso de la Directiva de 2012, y hasta 2030, en el caso de la Directiva de 2018, que revisa y amplía el horizonte temporal de la anterior. Este objetivo para España, que las Directivas formulan en términos acumulados, se traduce en la necesidad de acreditar ahorros nuevos y adicionales de energía final equivalentes a 669 ktep/año, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030. El instrumento que la Directiva de 2012 puso sobre la mesa para el cumplimiento de los objetivos de ahorro de energía final fue el establecimiento de un sistema de obligaciones de eficiencia energética sobre las empresas comercializadoras de energía, que en España quedó regulado mediante la Ley 18/2014, de 15 de octubre, y que dio lugar a la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 prevé que el sector industrial contribuya al objetivo de ahorro acumulado de energía final en un 28%, para lo cual el Fondo Nacional de Eficiencia Energética ha venido financiando programas de ayudas dirigidos, particularmente, a pequeñas y medianas empresas de dicho sector. Después de las primeras convocatorias de ayudas gestionadas directamente por IDAE, de 2015 y 2017, con presupuestos que superaban conjuntamente los 250 millones de euros, el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, reguló un nuevo programa de gestión compartida entre el IDAE y las Comunidades Autónomas. En este nuevo programa, la convocatoria de las ayudas le corresponde a cada una de las Comunidades Autónomas, previa transferencia del presupuesto desde el IDAE con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. El presupuesto de este programa, vigente hasta el 30 de junio de 2023 y con intensidades de ayuda del 30% sobre la inversión elegible de los proyectos, se sitúa ya cercano a los 550 millones de euros.
Por tanto, el sector industrial está recibiendo una atención y apoyo prioritarios desde los poderes públicos para facilitar la adopción de mejoras de eficiencia energética que garanticen, no solo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino la mejora de la competitividad, especialmente, en aquellas industrias más intensivas en energía y más vulnerables ante las tensiones de precios.
Pero el sector industrial merece una atención especial no solo como consumidor de energía sino como proveedor de servicios energéticos y facilitador de la adopción de soluciones tecnológicas para la mejora de la eficiencia energética en otros sectores consumidores.
¿Qué acciones desarrolladas recientemente por su organización considera más relevantes en materia de Eficiencia Energética? ¿Qué papel han tenido las TIC?
La promoción de la eficiencia energética constituye uno de los objetivos fundacionales del IDAE, por lo que, desde su constitución en 1984 como organismo autónomo o, incluso antes, como Centro de Estudios de la Energía, el IDAE ha venido diseñando y ejecutando planes y programas dirigidos al uso racional de la energía, proponiendo nuevos desarrollos normativos o modificaciones de los ya existentes y ejecutando, en primera persona, inversiones en proyectos innovadores y ejemplarizantes, que estimularan y garantizaran la participación privada en nuevos sectores o modelos de negocio; todo ello, sobre la base de completos estudios sectoriales que han servido de base para la propuesta de iniciativas legislativas y programas de diferente naturaleza.
De forma más concreta, durante los últimos veinte años, las políticas y medidas puestas en marcha se han integrado en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012, y sus sucesivos planes de acción, el Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética 2011-2020, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y, más recientemente y obedeciendo a la urgencia derivada de las tensiones geopolíticas, el Plan +SE (Más Seguridad Energética); este último, aprobado con el objetivo de proteger a los consumidores más vulnerables, a través de nuevas medidas de impulso del ahorro de energía y las energías renovables, reforzar la autonomía energética y garantizar la solidaridad con el resto de la Unión Europea.
Particularmente, dentro de la propia organización, además del fomento de buenas prácticas para el ahorro de energía, las TIC están permitiendo mejorar y optimizar los procedimientos para conseguir una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los fondos públicos, a través de la mejora de nuestra sede electrónica, del desarrollo de plataformas tecnológicas para la gestión electrónica del procedimiento administrativo de las convocatorias de ayudas de gestión directa y para el intercambio de información con las Comunidades Autónomas para los programas de ayudas de gestión compartida.
¿Cómo le gustaría ver a España energéticamente hablando en 2030?
El mejor escenario para el año 2030 y anteriores es el del cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, adelantados algunos de ellos por el impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima dibuja un escenario con un 74% de generación eléctrica de origen renovable y, en términos de consumo de energía final (considerados, por tanto, no solo los consumos eléctricos sino los consumos para usos térmicos), de un 42% de consumo de energías renovables. La consecución de estos objetivos pasa por la electrificación de la movilidad y de los edificios, el aumento del autoconsumo y la capacidad de almacenamiento y la creación de comunidades energéticas que devuelvan al consumidor el papel central que le corresponde en este nuevo modelo energético descarbonizado, descentralizado, digitalizado y democratizado.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé 1.200.000 actuaciones de rehabilitación energética en viviendas hasta 2030, por lo que se pone el acento en el ahorro y la mejora de la eficiencia energética. La mejora de la eficiencia energética en el sector de la edificación viene acompañada de la digitalización, esto es, de la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas que mejoren el conocimiento sobre dónde y cómo se consume la energía en el edificio y, en consecuencia, posibiliten el control y la gestión de los consumos, mediante automatismos y sistemas de encendido y apagado inteligentes de los sistemas de climatización, ventilación o aprovechamiento de la luz natural. Estas soluciones tecnológicas permitirán mejorar la gestión de la demanda y convertirán al ciudadano en un consumidor consciente, mejor informado y con capacidad para responder a las señales de precios, de manera que pueda asegurarse un aprovechamiento más eficiente de la oferta de energía.
En este contexto, el fomento del cambio modal hacia modos más eficientes de transporte y la mayor electrificación de la movilidad ofrecen como resultado una transformación de los espacios urbanos, donde se apuesta por los modos no contaminantes de transporte, ya sea por la movilidad a pie o en bicicleta, y por la creación de zonas de bajas emisiones.
La recuperación de los entornos urbanos ahora ocupados mayoritariamente por el vehículo privado y el abandono progresivo de los combustibles fósiles, tanto para el transporte como para la cobertura de la demanda térmica en los edificios residenciales y terciarios, esto es, calefacción y agua caliente sanitaria, permite pensar en ciudades con mejores índices de calidad del aire, lo que contribuye asimismo a la reducción en hasta un 27% de las muertes prematuras asociadas con la contaminación, y, en definitiva, a la mejora de la calidad de vida.
Esta transformación local de los entornos urbanos, ligada a la mejora de la eficiencia energética en la industria, cada vez más competitiva, y al incremento de la generación renovable, descentralizada y próxima a los puntos de consumo, se traducirá en una reducción significativa de nuestra dependencia energética, hasta el 61%, según las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, lo que nos permitirá ahorrar más de 67 mil millones de euros en combustibles fósiles y, lo que es más importante, nos hará más resilientes ante eventuales turbulencias ligadas a la geopolítica de la energía.
