Con este objetivo y en primer lugar, vamos a analizar la relación entre la transición digital y la energética, dos ejes fundamentales de la política europea de desarrollo sostenible que suponen más de un 70% de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y que se incorporan de forma recurrente en las agendas y programas públicos a escala europea, nacional, regional y local.
Ambas transiciones están íntimamente relacionadas entre sí y conviene diferenciar dos aspectos que las vinculan. Por un lado, los análisis efectuados sobre el impacto medioambiental de las tecnologías digitales, como los que efectúa The Shift Project y otros analistas, coinciden en estimar las emisiones procedentes de las tecnologías digitales en aproximadamente un 4% del total, con un crecimiento anual de casi un 10%, lo que indica que son una de las principales fuentes de emisiones. Por otro lado, otros análisis como el del World Economic Forum (primavera de 2022, en un estudio proyectado hasta 2050), indican que las tecnologías digitales tienen un potencial de reducción del 20% del total de emisiones producidas por otros sectores, por lo que las tecnologías digitales son una de las principales palancas para la reducción de emisiones.
Nos encontramos así ante una aparente contradicción que se resuelve en la medida en que el potencial de reducción de emisiones de las tecnologías digitales es hoy muy superior a las emisiones que produce. Ciertamente es previsible que esta relación vaya evolucionando a medida que avance la transformación digital de la economía y de la sociedad. Es de esperar que con el tiempo se priorice el control de emisiones producido por las tecnologías digitales frente a su efecto reductor, pues quedará menos recorrido para la transformación digital y se descontará ese efecto reductor de las emisiones de actividades ya transformadas.
En este contexto, parece conveniente definir y monitorizar un nuevo “ratio de descarbonización digital” que incorpore ambas perspectivas y facilite el control neto de emisiones producidas por el efecto global de la transformación digital de la economía y de la sociedad.
En el marco de la Agenda 2030, los Gobiernos y sus AAPP han puesto en marcha diferentes políticas y actuaciones orientadas hacia el ODS 13 de acción por el clima, enfocadas prioritariamente hacia el sector energético (renovables, redes inteligentes, hidrógeno verde, almacenamiento, etc.) y hacia la descarbonización de sectores económicos (transporte, turismo, construcción, etc.). Sin embargo y hasta la fecha, no se están planteando iniciativas públicas de descarbonización digital, dirigidas especialmente hacia el control de emisiones producidas por las infraestructuras, organizaciones y tecnologías digitales.
En este sentido, el plan de transición energética de la Administración General del Estado aborda un conjunto de actuaciones centradas en la reducción paulatina de la demanda energética de las infraestructuras y edificios públicos, fomentando la rehabilitación energética de los edificios y la mejora de la eficiencia energética de las infraestructuras consumidoras de energía. Del mismo modo en otras actuaciones del PRTR relacionadas con la transición energética se plantean inversiones para la rehabilitación de instalaciones y edificios con objetivos comunes de reducción de al menos un 30% en el consumo de energía.
Tampoco en la nueva agenda España Digital 2026, se incorporan actuaciones orientadas al control de las emisiones de las infraestructuras digitales, sino que se plantean enfoques para una mayor sostenibilidad del sector energético y para la descarbonización sectorial, eso sí, utilizando las tecnologías digitales como palanca.
Sin embargo, los Centros de Proceso de Datos, los Centros de Supercomputación, y en general las organizaciones e infraestructuras digitales públicas son grandes consumidores de energía, y teniendo una relevancia creciente en el escenario de entidades productoras de emisiones, deberían ser objeto de actuaciones específicas para la mejora de su eficiencia energética y descarbonización.
Conscientes de esta situación, algunas empresas del sector digital han desarrollado servicios especializados en descarbonización, como es el caso de Atos, que desde la adquisición de EcoAct en el año 2020 trabaja para ayudar a sus clientes a conseguir el cero neto con distintas soluciones con una implantación muy sencilla y un gran impacto asociado:
– Digital Decarbonization Asessment (DDA): Consultoría orientada a la definición rápida de un roadmap para la evolución de una organización digital en su camino hacia al cero neto. Se basa en un modelo de madurez en el que se analizan más de cien variables del ámbito organizativo, procesos, recursos y tecnología, facilitando la identificación rápida de carencias y prioridades para definir un plan de acción.
– Sistemas de información para la descarbonización (Atos CRAFT Suite): Soluciones robustas y escalables para acompañar los proyectos de descarbonización, desde la consultoría estratégica a la compensación de emisiones residuales, pasando por el cálculo de emisiones, monitorización de indicadores y gestión de proveedores. Es conveniente incorporar a la planificación de sistemas un nuevo ámbito para la descarbonización, con el fin de identificar soluciones corporativas y evitar la proliferación de herramientas y calculadoras particulares para cada área funcionales o de negocio.
– Decarbonization Level Agreement (DLA): Implantación de un conjunto de indicadores definidos para los principales servicios digitales, que facilitan la planificación y control de compromisos de reducción de emisiones. Son indicadores similares y complementarios a los de niveles de servicio (SLA). Por ejemplo, Atos compromete en sus contratos de puesto de trabajo una reducción de emisiones de al menos un 20% frente a la situación previa a la transformación.
En este sentido, el artículo 202 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ya establecía obligaciones para incorporar cláusulas de tipo social, ético o medioambiental, incluyendo aquellas que persigan la reducción de emisiones. Actualmente, en los contratos públicos del ámbito digital, estas cláusulas se limitan al requerimiento de inscripción de los licitadores en alguno de los registros de huella de carbono existentes en los distintos niveles administrativos.
El plano digital juega un papel cada vez más relevante en el ámbito de la descarbonización y eficiencia energética, y las AAPP tienen ante sí la oportunidad de plantear nuevas iniciativas y actuaciones para responder adecuadamente a esta situación. Desde el sector digital estamos preparados y dispuestos para acompañar a nuestros clientes y abordar con éxito este nuevo y apasionante reto. Atos empezó su camino hacia el Net Zero en el año 2012, es neutro en emisiones de alcance 1 desde 2018 y tiene proyectada la neutralidad en carbono en 2039, 11 años antes del compromiso de París.
Atos Iberia
Director de Consultoría para el Sector Público
