La digitalización de las Administraciones Públicas, palanca clave para su descarbonización

Las Administraciones deben contar con infraestructuras tecnológicas seguras y flexibles, adaptadas a las nuevas demandas de sostenibilidad para reducir su impacto medioambiental, y que contribuyan a desarrollar la economía del dato y el uso de la inteligencia artificial, apoyándose en softwares inteligentes de gestión y archivo de datos para lidiar con el crecimiento exponencial de información.

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, enmarcado dentro de la Agenda España Digital 2026 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, supone un salto decisivo en la mejora de la eficacia y eficiencia de la Administración Pública, buscando dar respuesta a los retos de los principales ámbitos tractores de la Administración Pública, como son el empleo, la justicia y la sanidad, garantizando la sostenibilidad de las inversiones mediante el refuerzo y reutilización de medios y servicios compartidos.

De manera transversal, uno de los tres ejes estratégicos sobre los que se estructura este plan, la digitalización de la Administración General del Estado supone una palanca clave para descarbonizar sus actividades y contribuir a los objetivos país de conseguir una economía más resiliente y climáticamente neutra en 2050.

Este eje se centra en el desarrollo de herramientas para la comunicación digital eficiente con la ciudadanía y las empresas (administración orientada a la ciudadanía), siguiendo por la automatización de procesos y el uso de la inteligencia artificial para la gestión administrativa (automatización inteligen­te de procesos), desarrollando políticas públicas basadas en datos, tanto para una mayor transparencia como para proporcionar conocimiento e información de valor, impulsando los equipamientos para la gestión digital y desarrollando una política pública de nube (cloud) y de entornos digitales líquidos, pues la tecnología evidentemente irá cambiando y tendremos que ir fluyendo con ella, ya que nos encontramos ante un entorno de aprendizaje líquido, que obliga a la adaptación constante, y finalmente reforzando la ciberseguridad en todas las Admi­nistraciones Públicas.

Las medidas orientadas a los servicios de infraestructuras cloud prevén la habilitación de infraestructuras para el alojamiento de los Centros de Proceso de Da­tos de los distintos departamentos ministeriales en centros redundantes entre sí. Así se pretende transformar los Centros de Proceso de Datos de la Administración General del Estado, impulsando su consolidación sobre centros internos (nube privada) y, en su caso, de proveedores externos (nube pública). Potenciando la solución de nube híbrida NubeSARA, compuesta por una nube propia de la Administración General del Estado, combinada con las de otras Administraciones Públicas y con proveedores externos, y habili­tando la provisión de diversas soluciones como servicio para dar respuesta a las necesidades comunes de las Administraciones. Desarrollando, además, una política coherente de uso de la nube, con el fin de reforzar la eficiencia garantizando en todo momento la integridad, seguridad y control de los datos.

Frente a la escalada de ciberataques actual es vital poder garantizar la seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios digitales prestados por las Administraciones Públicas. La seguridad de las redes de­pende de la protección de cada uno de sus componentes. Por ello, se está trabajando en el desarrollo de una estrategia de ciberseguridad integral para todas las administraciones públicas que busca crear, interconectar y fortalecer los Cen­tros de Operaciones de Seguridad nacionales y regionales.

Mejorando la protección y las capa­cidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad mediante el impulso del Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Un centro que contará con un Sistema de Seguimiento de Ciberseguridad Nacional para permitir, entre otras funcionalidades, monitori­zar los principales indicadores en este ámbito para fomentar las sinergias con otros organismos europeos en esta materia. Respondiendo así a la concepción de la Unión Europea de que la ciberseguridad es una cuestión esencial en la transformación digital.

Ante el cambio climático global, la necesidad de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas y el Pacto Verde Europeo, para las Administraciones Públicas poder contar con un soporte ecológico de almacenamiento de datos, como la cinta, es aún más relevante.

Además de reducir las emisiones de carbono, la tecnología de cinta desempeña un papel fundamental en la reducción de costes del centro de datos y en la protección de datos a largo plazo. El almacenamiento en cinta logra absorber grandes volúmenes de información en un espacio muy reducido gracias a las altas densidades de grabación de las últimas generaciones de cinta, 50 Petabytes en tan solo 6,3 m² con la tecnología 3592JF o 30 Petabytes en la misma superficie con la tecnología LTO9. La cinta permite conservar datos durante más de 30 años, sin consumir electricidad, generando un importante ahorro económico, al tiempo que ofrece un nivel adicional de protección de datos contra la ciberdelincuencia al quedar desacoplada de la red, cuando no se usa. La naturaleza amovible de la cinta permite generar tantas copias de datos como se desee y conservarlas en distintas ubicaciones para beneficiarse del llamado “air gap”. De este modo, se garantiza la desconexión física de las copias de datos de cualquier red para que sean totalmente inaccesibles ante cualquier amenaza, permitiendo que la solución se convierta en un rápido plan de recuperación de desastres gracias a los altos rendimientos alcanzados esta última década.

La necesidad de proteger el medioambiente y los datos lleva a que las Administraciones Públicas estén integrando softwares inteligentes de gestión y archivo de datos compatibles con el almacenamiento en cinta. Primando siempre que sea posible por softwares de código abierto, como el software Object Archive de FUJIFILM, que se integra fácilmente con las infraestructuras existentes y permite la transferencia de datos desde su ubicación actual de forma simultánea a cintas de gran capacidad en centros internos (nube privada) y/o proveedores externos (nube pública). Liberando así a las Administraciones Públicas de los temidos formatos propietarios. Al permitir el acceso y la lectura de datos en todo momento, incluso cuando no se cuente con la licencia activa del software.

Este cambio de paradigma en la presentación de servicios públicos contempla una mayor flexibilidad, agilidad y adaptabilidad, tal como demanda la sociedad. Buscando una mayor eficiencia y poniendo el foco en la protección de los datos y de nuestro Planeta.