La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha comparecido a petición propia, en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, para explicar las medidas adoptadas por su departamento durante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
La vicepresidenta, que ha enviado un mensaje de apoyo y solidaridad a los familiares de los fallecidos y a los afectados por esta enfermedad, ha señalado que esta crisis ha puesto de relieve la importancia del personal de cuidados, de los sanitarios y de los trabajadores de servicios esenciales que, de manera discreta y muchas veces invisible, han sostenido los andamiajes para el funcionamiento del país.
Durante su comparecencia, Teresa Ribera ha repasado las medidas sociales, económicas y sanitarias puestas en marcha por el Gobierno, y en concreto aquellas iniciativas trasversales y específicas adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que han pivotado sobre tres grandes ejes: proteger a las personas, especialmente a los colectivos más vulnerables, apoyar a los autónomos y al tejido empresarial, y mitigar el impacto en los operadores energéticos.
Estas medidas han garantizado en todo momento la seguridad de suministro del sistema energético español reforzando su condición de servicio esencial durante el estado de alarma.
El escudo social y económico puesto en marcha para mitigar el impacto de la pandemia originada por el COVID-19 vendrá acompañado de un plan de recuperación. En ese sentido, la vicepresidenta ha defendido el papel crucial de la transición ecológica en el proceso de reconstrucción europeo tras la crisis del COVID-19 y la importancia de desarrollar un Plan Europeo de Reconstrucción valiente y ambicioso, dotado de un fondo que financie prioritariamente inversiones que contribuyan a la transición ecológica y digital y que priorice los esfuerzos en aquellos sectores que puedan generar más empleo y crecimiento sostenible.
ESPECIAL PROTECCIÓN PARA CONSUMIDORES Y EMPRESAS
Las iniciativas puestas en marcha por el MITECO para paliar esta crisis han puesto el foco en proteger a las personas, especialmente a los colectivos más vulnerables. Durante la duración del estado de alarma se ha prohibido la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas y agua a las personas físicas en su vivienda habitual.
Además, se ha garantizado el derecho a la percepción del bono social a los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación, en el mes anterior a la solicitud, al menos un 75% con respecto al semestre anterior y como consecuencia del COVID-19. Más de 7.000 profesionales han solicitado el bono social bajo este supuesto y más de 2.300 ya son beneficiarios del mismo.
El MITECO ha prorrogado automáticamente hasta el 15 de septiembre la percepción del bono social de electricidad a los beneficiarios a los que les vencía antes de dicha fecha. Según las estimaciones del ministerio, 70.000 hogares se benefician mensualmente de esta medida.
Asimismo, se han mantenido vigentes los precios máximos de venta, antes de impuestos, de la bombona de butano, establecidos el 14 de enero de 2020, lo que se estima que beneficia a 5,5 millones de consumidores. Además, se ha actuado con la tarifa de último recurso (TUR) de gas, que sólo se ha permitido revisar a la baja. Se calcula que hay alrededor de 1,6 millones los posibles beneficiarios de esta medida.
Un segundo paquete de medidas, ha explicado la vicepresidenta, ha estado destinado al apoyo de los autónomos y del tejido empresarial. Para ello, se ha establecido la posibilidad de suspensión y de flexibilización de los contratos de electricidad y gas natural para autónomos y empresas mientras dure el estado de alarma. Hasta finales de abril, se habían registrado más de 102.000 solicitudes de cambios de contrato de suministro.
La vicepresidenta también ha explicado que se ha habilitado la posibilidad de que, durante el periodo de alarma, los autónomos y pymes puedan solicitar la suspensión del pago de las facturas de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, realizando dicho pago en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma.
En tercer lugar, Ribera ha detallado las medidas adoptadas para mitigar el impacto en los operadores energéticos para evitar que asuman mayores cargas de tesorería y facilitar su papel en la aplicación de las medidas de protección a los hogares, empresas y autónomos. Así, se ha eximido a las comercializadoras de electricidad y gas natural de afrontar el pago de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución asociados a los autónomos que suspendan sus pagos durante el estado de alarma. También se han dejado exentas de liquidar el IVA, el Impuesto Especial de la Electricidad y el Impuesto Especial de Hidrocarburos de las facturas cuyo pago haya sido suspendido. Además, se pueden acoger a la línea de avales establecida Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se establecieron medidas urgentes para hacer frente al impacto del COVID-19; y a cualquier otra línea de avales que se habilite con este fin específico.
Por otro lado, se ha permitido, excepcionalmente, hasta el 30 de junio, la venta de gasolinas destinadas inicialmente al periodo invernal. De esta manera, se asegura que el cambio de combustible se produce con las necesarias garantías.
En relación a la garantía de abastecimiento y la distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos durante el estado de alarma, se asegura que permanezca abierta al menos una gasolinera en todos los municipios que cuenten con este tipo de establecimiento.
En cuanto a la gestión de residuos durante la situación de emergencia sanitaria se han dictado instrucciones específicas acordes con las recomendaciones sobre gestión de residuos domésticos procedentes de hogares con personas aisladas/en cuarentena por COVID-19 que fueron remitidas para su traslado a las entidades locales.
Respecto al agua, su suministro está garantizado por el RDL 8/2020. Las actividades de abastecimiento de agua y tratamiento se han considerado esenciales en la normativa aprobada durante este periodo.
La vicepresidenta ha recordado que el MITECO mantiene habilitada una línea telefónica y un correo electrónico de atención ciudadana para ofrecer información sobre las distintas medidas adoptadas por el Departamento. Ambos servicios tramitan una medida de entre 150 y 200 consultas diarias, de las que entre un 70% y un 80% están relacionadas con alguna medida aprobada recientemente durante el estado de alarma en el marco de la crisis provocada por el COVID-19.
PAQUETE ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO
Teresa Ribera ha recordado ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso que, desde el 10 de marzo, el Gobierno ha venido aprobando distintas medidas para garantizar la salud pública y reforzando la capacidad de respuesta del sistema sanitario, incluyendo la creación reciente de un fondo especial no reembolsable de 16.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas.
Cada acción en el ámbito sanitario, ha venido acompañada, desde el primer momento, por un paquete de medidas económicas y sociales para minimizar el impacto negativo de la pandemia en el empleo, el tejido productivo y en los hogares. Moratorias de impuestos y cotizaciones sociales, moratorias hipotecarias, facilidades para el pago de arrendamientos, garantía de suministros básicos, líneas de avales públicos. En total, el impacto presupuestario de las medidas aprobadas hasta la fecha, incluidas las sanitarias, se eleva a casi 139.000 millones de euros.
En el ámbito del empleo se ha puesto en marcha un régimen excepcional de ERTEs por fuerza mayor, un instrumento de flexibilidad interna de las empresas que ha permitido contener la caída de la ocupación y que se prorrogará hasta el próximo 30 de junio. El uso de este instrumento ha permitido cubrir a más de tres millones de trabajadores y a unas 530.000 empresas.
DESESCALADA GRADUAL Y CON DIÁLOGO
La vicepresidenta también ha detallado en su comparecencia la metodología de trabajo seguida en la elaboración del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, un proceso en el que se ha contado con el mejor conocimiento científico y técnico. Para ello se ha escuchado a expertos en epidemiología, salud pública, deuda, nuevas tecnologías, filosofía, desigualdad, inteligencia artificial, economía y relaciones internacionales, con sociedades científicas, investigadores y asesores de organismos públicos o interlocutores sociales y económicos, con el comité de expertos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y apoyándose en los criterios definidos por la Organización Mundial de la Salud y en la hoja de ruta de la Unión Europea.
Ribera ha destacado la importancia del diálogo institucional con las comunidades autónomas (CCAA) y las entidades locales, clave para coordinar las competencias y servicios esenciales en la lucha contra la expansión del COVID-19. Este trabajo bilateral ha permitido discutir caso a caso y territorio a territorio las fortalezas y debilidades de cada uno de los territorios para pasar de fase, siempre teniendo en cuenta los indicadores sanitarios previamente acordados con las CCAA.
En un sentido parecido, la vicepresidenta ha puesto en valor en diálogo constante con los agentes sociales para profundizar en cuestiones como las guías de seguridad y salud en el trabajo, los mecanismos de flexibilidad para el ajuste de la capacidad productiva y los instrumentos de protección de los trabajadores y del conjunto de la población.
RECUPERACIÓN VERDE
Pese a los esfuerzos realizados para minimizar el impacto del COVID-19, Ribera ha recordado que la envergadura de la crisis socio-económica derivada de la pandemia nos obliga hoy a un esfuerzo de reconstrucción histórico. Por ello, la vicepresidenta ha remarcado la necesidad de un “Plan Europeo de Reconstrucción valiente y ambicioso, a la altura del reto que enfrentamos” y que tenga como palancas una recuperación verde y una transición justa.
El Gobierno de España ha propuesto la creación de un Fondo de Recuperación de entre 1 y 1,5 billones de euros financiado con deuda perpetua de la UE para reactivar la economía europea. Un fondo, ha apuntado Ribera, que debe financiar prioritariamente inversiones que contribuyan a la transición ecológica y digital, en línea con la declaración del Consejo Europeo de 26 de marzo. “No podemos caer en los mismos errores cometidos en el pasado, cuando privilegiamos atajos cortoplacistas basados en la economía fósil para afrontar la crisis económica”, ha explicado.
Ribera ha recordado el compromiso de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, para que el “Green Deal” será la palanca del Plan de Recuperación. Desde la CE ya se está trabajando por priorizar los esfuerzos en aquellos sectores que puedan generar más empleo y crecimiento sostenible: la economía circular, las energías renovables, la eficiencia energética, la rehabilitación de edificios o la resiliencia al cambio climático.
También la digitalización, la electrificación del transporte, la apuesta por una reindustrialización inteligente, baja en carbono y sostenible y la necesidad de la adaptación rápida de nuestras ciudades para facilitar el transporte público y no motorizado son algunas de las claves de ese Pacto Verde que “creemos imprescindible por su capacidad para generar empleo y crecimiento sostenible”.
