Cambio climático y transición energética: datos y medidas recientes
Es poco discutible la urgencia con que necesitamos abordar una transición energética y productiva que, por un lado, contribuya a rebajar las emisiones globales de gases efecto invernadero y, por otro, diseñe itinerarios de transformación justos, a todas las escalas, que no “deje atrás” a los países, las comarcas, los sectores económicos y sociales con mayores dificultades de adaptación a este nuevo escenario. La Universidad no puede ser ajena a este formidable reto, urgente y multidimensional.
En el informe sobre el estado del clima mundial en 2020, la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) y una amplia red de asociados señalan con inquietud el agravamiento de los impactos del cambio climático, la preocupante tendencia marcada por los indicadores durante 2020 (temperatura media al mismo nivel que 2016, el año más cálido hasta la fecha, incluso a pesar de que el año pasado tuvo lugar el fenómeno de La Niña, que tiende a disminuir la temperatura global cuando se produce) y la necesidad de una acción climática más ambiciosa para reducir niveles récord de gases de efecto invernadero, incluso a pesar de la pandemia (WMO, 2021).
También en abril de este año, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha presentado el informe sobre el estado del clima de España 2020. El estudio constata que el año pasado fue el más cálido en España y Europa desde que hay registros y que es un hecho muy significativo que siete de los diez años más cálidos en España se hayan registrado en la última década (Aemet, 2021). Un reciente documento del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico actualiza, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, los impactos y riesgos que estas tendencias conllevan sobre los recursos hídricos, los suelos y la desertificación, la agricultura y la ganadería, los ecosistemas terrestres, las costas y el medio marino, el medio urbano, la energía, las infraestructuras y el transporte, el turismo y la salud de las personas (Sanz y Galán, 2020).
Bajo lema “Uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático”, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), que se celebraré en Glasgow del 1 al 12 de noviembre, espera avanzar de forma significativa en el modelo de gobernanza climática mundial. El reto es concretar un paquete de medidas que hagan efectivo el Acuerdo de París y que permitan alcanzar las emisiones netas nulas lo antes posible, con recortes significativos ya el 2030, al tiempo que se establecen los apoyos necesarios para que las sociedades y economías más vulnerables puedan implementar las medidas de adaptación necesarias.
Para la Unión Europea, la acción climática se ha convertido en parte fundamental de los planes de recuperación y resiliencia tras la pandemia. Pero ya antes de que su azote llegara a Europa, el Pacto Verde, presentado en diciembre de 2019, preveía transformar los retos climáticos y medioambientales en oportunidades para lograr un desarrollo económico más equilibrado e integrador. El septiembre de 2020, la UE presenta su Plan del Objetivo Climático para 2030 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en al menos un 55% en esa fecha, con respecto a los niveles de 1990. Esta meta intermedia se ve refrendada en la Ley del Clima europea, cuyo objetivo es lograr la neutralidad climática de la Unión en 2050, e incluso llegar a “emisiones negativas [más absorción que emanación de gases] después de 2050”, según explicó en su presentación el ministro de Medio Ambiente de Portugal, país que presidía la UE en ese momento (Planelles y Pellicer, 2021).
Conforme a ello, todos los sectores de la economía europea deberán elaborar hojas de ruta voluntarias para su descarbonización. “Aún puede llegarse al cero neto en 2050”, afirma la Agencia Internacional de la Energía (IEA), en su reciente informe Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector (2021), aunque reconoce que el reto es mayúsculo y necesita del compromiso activo e inmediato de todos los agentes.
¿Cuál debe ser el papel de la Universidad?
La Universidad, como foro de creación y difusión de conocimiento, ha de ser, no cabe duda, un agente esencial en esos cambios, no solamente desde su misión investigadora, sino también desde la docencia, la transferencia y la gestión de sus propios recursos. En el marco de la Cumbre sobre la Acción Climática celebrada en septiembre de 2019 en Nueva York, y junto a redes globales como Higher Education Sustainability Initiative (HESI), Global Alliance o The Alliance for Sustainability Leadership in Education (EAUC), Crue Universidades Españolas se unió a la iniciativa mundial de los centros de Educación Superior sobre el estado de emergencia climática impulsada por Naciones Unidas. Dicho compromiso se debía materializar en tres líneas principales: (1) la movilización de recursos para la investigación y técnicas aplicadas y dedicadas al cambio climático; (2) el compromiso de conseguir una huella cero de carbono en el año 2030 o en 2050 como muy tarde; y (3) el apoyo a la creación de programas de educación ambiental y sostenibilidad en los campus.
La primera de ellas se vincula a una infinidad de temas y ramas de conocimiento, de modo que cualquier universidad, sea cual sea su tamaño y orientación, puede jugar un papel relevante. Por poner solo algunos ejemplos de esa diversidad temática, podría mencionarse desde la investigación en energías renovables o en la creación soluciones tecnológicas inteligentes aplicables a los distintos sectores económicos, a los estudios sobre permafrost y variabilidad climática, el seguimiento de los principales indicadores físicos y humanos de cambio global a través de Tecnologías de la Información Geográfica, la evaluación de las mejores prácticas de restauración y gestión adaptativa de bosques y ecosistemas, la gobernanza del cambio climático, la incorporación de los riesgos climáticos en la planificación empresarial, las estrategias de comunicación más adecuadas cuando se abordan retos complejos y globales como éste, el papel de la expresión artística o de la innovación social, las competencias que deberá desarrollar el currículo educativo de todos los niveles para formar ciudadanos con capacidad de participación y de respuesta, etc. Ciencia, tecnología, innovación social, educativa y cultural son, todas, aproximaciones valiosas en la lucha contra esa amenaza cierta que es el cambio climático.
Íntimamente unida a su labor investigadora y de transferencia, la Universidad ha de formar ciudadanos y profesionales con el más alto nivel de cualificación. No es posible imaginar hoy egresados de cualquier rama de conocimiento que ignoren las claves básicas del cambio climático y la sostenibilidad. Ya en el año 2005, el Grupo de trabajo de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible de Crue universidades aprueba unas directrices para la sostenibilización curricular, renovadas en 2012, en las que con rotundidad se afirma que “es indudable que los profesionales de hoy han de ser capaces de: comprender cómo su actividad profesional interactúa con la sociedad y el medio ambiente, local y globalmente, para identificar posibles desafíos, riesgos e impactos; (..) trabajar en equipos multidisciplinares [y], (..); aplicar un enfoque holístico y sistémico a la resolución de problemas socioambientales (..) más allá de la tradición de descomponer la realidad en partes inconexas; participar activamente en la discusión, la definición, diseño, implementación y evaluación de políticas y acciones tanto en el ámbito público como privado, para ayudar a redirigir la sociedad hacia un desarrollo más sostenible”.
Ese mismo documento pide transformaciones de calado: “la revisión integral de los curricula desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible, que asegure la inclusión de los contenidos transversales básicos en sostenibilidad en todas las titulaciones”, o “la inclusión de criterios de sostenibilidad en los sistemas de evaluación de la calidad universitaria”. A pesar de los años transcurridos y de la intensa labor de ese grupo de trabajo, aún no podemos decir que dichas recomendaciones se hallen perfectamente alcanzadas. Es deseable, no obstante, que la aplicación del artículo 35.2 de la reciente Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, impulse con prontitud estas reformas en las titulaciones, en el sistema de evaluación de la calidad universitaria y en la formación y evaluación del profesorado.
En cuanto a la gestión de los recursos empleados en el desarrollo de su actividad, la Universidad, como cualquier organismo o institución de cierta entidad, está obligada a rendir cuentas del modo en que enfrenta el reto climático. Numerosas universidades de nuestro país han adoptado planes y medidas en este sentido. El Grupo de Trabajo en Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria (GESU) de Crue Universidades españolas lleva más de diez años recogiendo evidencias de esas iniciativas. Entre los indicadores del capítulo “energía” de su último informe se aprecia un incremento sustancial con respecto a los años anteriores, de la puntuación obtenida en la mayoría de los hitos. Destacan, con más de un 80% de respuestas afirmativas, indicadores como la existencia de un sistema de medida con contadores independientes en los edificios, la inclusión de medidas de reducción del consumo en iluminación y de mejora de la eficiencia energética en reformas interiores (mejora de cerramientos, sustitución de calderas, etc.), así como la existencia en esa universidad de un plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan ambiental o de sostenibilidad sobre energía. Los indicadores más retrasados, con porcentajes en torno al 30% (aunque también superiores a los de años anteriores), son las mejoras en el aislamiento de fachadas, las instalaciones de cogeneración y de renovables (GESU, 2019), esto es, inversiones de mayor alcance para las que solo muy puntualmente las universidades han tenido disponibilidad de recursos en estos años de restricciones presupuestarias.
Estos datos, junto a los resultados en alguno de los rankings internaciones más conocidos en el ámbito de la gestión ambiental en universidades (UI GreenMetric, THE Impact Ranking, por ejemplo), apuntan a implicación creciente de la universidad española en la lucha contra el cambio climático, aunque muy probablemente aún necesitada de mayor impulso institucional y financiero.
Encontrar las fórmulas para captar y canalizar las inversiones necesarias para situarla en el liderazgo del camino a la neutralidad climática y, al tiempo, traer al centro de la docencia, la investigación y la evaluación de nuestros centros el reto climático y la sostenibilidad ,desde un nuevo abordaje holístico e interdisciplinar es, en estos momentos, la base de nuestra relevancia social. Como para otros sectores, los fondos europeos próximamente disponibles pueden resultar una oportunidad clave para acometer estas transformaciones físicas y organizativas.
La Universidad Alcalá: logros y metas
La Universidad de Alcalá (UAH) se ha dotado en los últimos años de un Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria que ha asumido la misión de fortalecer y coordinar las políticas institucionales en materia de igualdad e inclusión, de transparencia, de participación, voluntariado y cooperación internacional y de sostenibilidad ambiental. La UAH entiende la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible como la hoja de ruta común para que la sociedad española y mundial avance hacia un futuro más seguro y equitativo.
Trata, por tanto, de alinear paulatinamente sus logros con los mencionados Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Si en el curso 2018-19, al inicio del mandato del actual Rector, D. José Vicente Saz, las iniciativas del nuevo equipo se centraron en difundir entre la comunidad universitaria el contenido de esa Agenda internacional, su relación con la labor en las universidades y en recopilar experiencias y proyectos ya en marcha e integrables en alguno de los ODS, los dos cursos siguientes, si bien marcados por la pandemia de la COVID-19, se han invertido en ampliar la red de estudiantes, docentes e investigadores activamente implicados en la Agenda. Así, a finales de este curso 2021, además de los grupos de investigación y de innovación docente ya existentes con anterioridad, la UAH cuenta con 12 Grupos de Trabajo Agenda 2030 (GTA 2030) reconocidos, la mayoría con una composición interdisciplinar e interestamental (docentes, investigadores, personal de administración y servicios, estudiantes y egresados). Dos ellos tienen relación directa con la transición energética, el de “Movilidad Urbana e Interurbana” y el de “ODS como innovación en la Edificación”.
Entre los grupos de investigación vinculados a este reto podemos mencionar, entre otros, aquellos relacionados con la recuperación de energía, la bioelectrogénesis, la caracterización de combustibles orgánicos, o la ingeniería electrónica aplicada a sistemas de energía o a la creación de espacios inteligentes.
En conjunción con la Universidad Rey Juan Carlos, convoca anualmente los premios Campus de Excelencia Internacional “Energía Inteligente” para los mejores trabajos académicos y la mejor patente en este ámbito.
Más allá de la labor de estos grupos, la institución hace hoy patente su compromiso energético y ambiental a través de su Política Ambiental y de Eficiencia Energética y de su Sistema de Gestión Ambiental, reconocido ininterrumpidamente desde el año 2017 por las certificaciones UNE-EN ISO 14001:2015 de sistemas de gestión medioambiental para el conjunto de sus edificios y centros y la UNE-EN ISO 50001:2018 de sistemas de gestión energética (alcance: ‘Prestación del servicio de gestión, mantenimiento y mejora de la eficiencia de la iluminación del Campus Histórico de Alcalá de Henares, Campus Científico Tecnológico de Alcalá y Campus de Guadalajara’). En estos momentos, se tiene avanzada la integración de ambos sistemas de gestión teniendo en consideración la norma UNE 66170:2005 ‘Sistemas de gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión’.
El Comité de gestión ambiental y eficiencia energética, que se reúne regularmente cada tres meses, integra a los responsables de las distintas áreas y servicios implicados en la gestión energética, del agua, de los residuos (Vicegerencia de Asuntos Económicos, Dirección de Sostenibilidad Ambiental, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento, Servicio de Prevención y Servicios Generales), además de varios asesores técnicos externos. Se consigue así una planificación conjunta de acciones diseñadas dentro de un sistema coherente de evaluación y mejora continua para los tres campus, dos de ellos insertos en las ciudades de Alcalá de Henares y Guadalajara, con numerosos edificios históricos y el tercero en un área periurbana.
El logro más reciente que abre, además, nuevas vías de mejora ha sido el registro, ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de la Huella de carbono de la institución (sello Calculo) para los alcances 1 y 2. El propósito es que esto sea el primer paso para registrar los otros dos sellos (Compenso, Reduzco) y para avanzar progresivamente hacia el cálculo del alcance 3, vinculando más estrechamente tanto a trabajadores y estudiantes como a proveedores con el compromiso ambiental de la Universidad de Alcalá.
Por lo que respecta a la formación, desde el Comité de gestión ambiental y eficiencia energética, la Dirección de sostenibilidad ambiental, la Dirección de voluntariado universitario, el Observatorio de Aprendizaje-Servicio y distintos grupos de innovación docente se trabaja en distintas iniciativas que completen el conocimiento y la capacidad de actuación que, tanto de estudiantes como de profesores, investigadores y personal de administración y servicios, tienen sobre cambio climático, transición energética y áreas temáticas conexas.
Estamos persuadidos de que la Universidad de Alcalá debe ser un referente en el avance hacia un futuro más sostenible y más justo, un foro privilegiado de creación de conocimiento, de reflexión y de aprendizaje social. Prueba de ello es el papel central que ese posicionamiento activo ante los grandes retos socioambientales actuales tendrá en el Plan Estratégico – UAH 2036 que se está gestando en estos momentos.
