La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética establecía que, antes de 2023, los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los de más de 20.000 habitantes que superasen los valores límite de contaminación estaban obligados a implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Más de tres años y medio después, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en torno a dos de cada tres municipios obligados todavía no tienen una ZBE en vigor.
Este retraso responde a obstáculos concretos, como la falta de personal especializado o la complejidad normativa, pero también a una visión demasiado limitada de las ZBE. Reducirlas a un sistema de cámaras, perímetros y sanciones supone olvidar que las restricciones son solo un medio. El objetivo es mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones y convertir su implantación en una oportunidad para transformar el modelo de movilidad urbana.
Esta transformación resulta especialmente relevante en un contexto en el que el transporte genera en torno a una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, casi tres cuartas partes de ellas procedentes de la carretera, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Además, el 99 % de la población mundial respira aire que supera los valores guía de calidad del aire de la OMS.
Por eso, las administraciones necesitan capacidades de análisis de datos que les permitan evaluar el impacto real de sus ZBE. Por ejemplo, medir cómo evoluciona la calidad del aire antes y después de implantar la zona, detectar a tiempo si el tráfico se desplaza hacia sus límites (el llamado efecto frontera) y activar planes de contingencia antes de que se produzcan los episodios de contaminación.
Datos, inteligencia artificial y plataformas digitales: habilitadores de una ciudad más sostenible
Los municipios generan un volumen creciente de información a través de sensores ambientales, sistemas de movilidad, transporte público e infraestructuras urbanas, pero disponer de esos datos no garantiza por sí solo una mejor gestión. De hecho, la falta de interoperabilidad entre sistemas sigue dificultando su aprovechamiento en muchas administraciones locales. En este punto, la inteligencia artificial y el análisis avanzado pueden ayudar a extraer el valor de los datos, identificar patrones, anticipar posibles escenarios y apoyar la toma de decisiones en tiempo real.
Este enfoque permite pasar de una gestión reactiva, centrada en resolver incidencias, a otra capaz de anticipar riesgos y asignar los recursos con mayor precisión. También facilita que las decisiones sobre movilidad se conecten con prioridades más amplias, como la salud pública, la eficiencia de los servicios, la competitividad económica o la calidad del espacio urbano.
Los municipios que traten la ZBE como un proyecto de datos, y no solo de señalización, serán los que consigan resultados medibles. Hacerlo les permitirá avanzar hacia entornos urbanos más habitables, eficientes y preparados para afrontar los desafíos de las próximas décadas.
Carolina Carnoto
Client Relationship Manager Manufacturing, Logistics, Energy & Utilities South Europe en Cognizant






