El régimen de ayudas ayudará a España a acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible y conectada, sin falsear indebidamente la competencia. Se financiará en parte con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), tras la evaluación positiva de la Comisión del Plan de Recuperación y Resiliencia español y su adopción por el Consejo.
La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado: «Este régimen español por valor de 3 000 millones de euros contribuirá a facilitar una cadena de valor innovadora y sostenible de los vehículos eléctricos, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales de la UE y los objetivos del Pacto Verde Europeo. Desempeñará un papel importante en la recuperación ecológica y digital de la economía española, al tiempo que se reducirán al mínimo los posibles falseamientos de la competencia».
El régimen prevé i) ayudas a la inversión en investigación, desarrollo e innovación; y ii) ayudas a la inversión en protección del medio ambiente, incluida la eficiencia energética, para la ejecución de varios proyectos integrados a lo largo de toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos y conectados, en el marco del Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación de la Economía de Vehículos Eléctricos y Conectados («ECV PERTE») [1].
Durará hasta finales de 2023 y estará abierto a consorcios de empresas interesadas establecidas tanto dentro como fuera de España. Cada consorcio incluirá empresas activas en muy diversos sectores relacionados con los vehículos eléctricos y conectados, y al menos el 40 % de los socios estará constituido por pequeñas y medianas empresas (pymes). Las ayudas se concederán mediante un proceso de selección competitivo y serán en forma de subvenciones y préstamos preferentes bonificados.
La Comisión ha evaluado la medida con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, y en particular las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía de 2014 y el Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación de 2014. En particular, la Comisión ha llegado a las conclusiones siguientes:
- El régimen es necesario para facilitar la investigación, el desarrollo y la innovación, así como los esfuerzos de inversión en protección del medio ambiente de las empresas, tales como las medidas de eficiencia energética, en la cadena de suministro de vehículos eléctricos y conectados. También tiene un efecto incentivador, ya que los proyectos no se llevarían a cabo sin ayudas públicas.
- Las ayudas son proporcionales y se limitan al mínimo necesario. En particular, los proyectos subvencionables, los costes subvencionables y las intensidades máximas de ayuda se definen de acuerdo con el Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación y las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía,
- y habrá las salvaguardias necesarias para limitar cualquier efecto negativo indebido. En concreto, i) se limitará el importe máximo de la ayuda para un único beneficiario; ii) se velará por una participación adecuada de las pymes en el régimen; y iii) las empresas participantes deberán demostrar que los importes de ayuda solicitados se limitan al mínimo necesario.
- Además, la Comisión ha constatado que los efectos positivos de la medida, especialmente en el medio ambiente, la integridad del Espacio Europeo de Investigación para la cadena de valor y la recuperación de la economía española, compensan cualquier efecto negativo derivado de posibles falseamientos de la competencia. De hecho, el régimen ayudará a España a alcanzar sus objetivos en materia de medio ambiente fijados a nivel nacional y europeo, y sostendrá la transición digital, al estimular las inversiones en la conectividad de los vehículos eléctricos.
Por último, España también se ha comprometido a llevar a cabo una evaluación ex post para evaluar los efectos del régimen.
Sobre esta base, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el régimen español se ajusta a las normas sobre ayudas estatales y los objetivos políticos de la UE, tales como los establecidos en el Pacto Verde Europeo, sin falsear indebidamente la competencia en el mercado único.
El régimen de ayudas notificado se complementará con ayudas regionales y a la formación, que concederá España de acuerdo con el Reglamento general de exención por categorías y, por lo tanto, no requieren la aprobación de la Comisión en el marco de la decisión adoptada ayer.
