Por eso, las estrategias sobre Cambio Climático y Energía de la Unión Europea, que dan mayor protagonismo a las administraciones locales y a la ciudadanía, empiezan a irrumpir con más fuerza.
Aumentar las opciones tecnológicas del sector energético del lado de la demanda y desarrollar nuevos mecanismos de lucha contra la pobreza energética deben ser los principales objetivos para las Administraciones Públicas en este ámbito para no dejar a ningún ciudadano atrás.
Desde 2019, la legislación europea reconoce el derecho a la ciudadanía a producir, consumir, gestionar, vender y almacenar energía renovable, y aunque queda pendiente la transposición de las correspondientes directivas al marco normativo español, existe un crecimiento de nuevos modelos colaborativos conocidos como Comunidades Energéticas.
El autoconsumo individual no aprovecha todo el potencial de generación renovable de los consumidores, sin embargo, los esquemas comunitarios, que amplían también al almacenamiento y coche eléctrico, gestionados de forma flexible y coordinada, junto con la generación y consumo, maximizan el aprovechamiento de los excedentes.
Las autoridades locales están llamadas a participar como miembros de las Comunidades Energéticas, junto a la ciudadanos y empresas, mediante la cesión de sus infraestructuras, aportando su visión territorial para trasladar ahorros a los colectivos más desfavorecidos y facilitando la transformación tecnológica.
La Transición Energética sitúa al consumidor en el centro, pero eso no significa que deba asumir por sí mismo la gestión del nuevo modelo energético. Si la Administración incentiva a los consumidores para que estos inviertan en soluciones y tecnologías, con las plataformas de software adecuadas, las Comunidades Energéticas se convertirán en nuevos recursos locales de flexibilidad para el sistema.
La operación agregada de todas ellas, bajo la misma plataforma tecnológica, facilitan la visibilidad al operador de red y les permite participar en diversos mercados de flexibilidad. Esto proporcionará ahorros directos y nuevos ingresos al consumidor, así como una alternativa a inversiones en la mejora y nueva infraestructura de la red, sin olvidar la reducción en emisiones de CO2.
