El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye acciones para reformar y modernizar las Administraciones Públicas, impulsando la mejora de los servicios públicos digitales que se prestan a ciudadanos y empresas con proyectos tractores en áreas como la justicia, el empleo, la salud y la seguridad social, y con un refuerzo de las infraestructuras de la ciberseguridad en el ámbito público. La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Trasformación Digital, Nadia Calviño, y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, han presentado el detalle de las inversiones y reformas destinadas a la modernización y digitalización de la Administración Pública.
El Plan prevé destinar 20.000 millones de euros hasta 2023, lo que supone más de un 30% de sus inversiones, a la transformación digital, acelerando y reforzando la agenda de reformas e inversiones impulsada por el Gobierno desde hace casi tres años y plasmada en la Agenda España Digital 2025.
Su ejecución constituye uno de los ejes trasversales esenciales para lograr el proceso de transformación de la economía española y prevé una movilización de inversión privada adicional estimada en 50.000 millones de euros.
Modernización de las Administraciones Públicas
El Plan de Recuperación contempla reformas e inversiones para adaptar la Administración Pública a los retos de la sociedad contemporánea, impulsando los servicios públicos digitales que se prestan a ciudadanos y empresas, con una inversión total estimada en 4.315 millones de euros.
En concreto, el objetivo es que los principales servicios a la ciudadanía sean plenamente accesibles a través de dispositivos móviles. Se pondrá en marcha un nuevo modelo de identidad digital que simplifique la realización de trámites con la Administración, haciendo más fácil, por ejemplo, la identificación y la firma electrónica.
El Plan prevé mejorar la eficiencia interna de las administraciones mediante el uso de soluciones de automatización e inteligencia artificial que servirán para reducir tiempos de gestión y dar una atención más rápida, en la gestión de prestaciones por desempleo, subvenciones y contratación pública.
Las acciones pasan también por el ámbito de la salud, con la mejora de la coordinación interna y la puesta en marcha la creación de espacios de datos comunes y modelos predictivos antes de finales de 2023, o de la Justicia, con la gestión de trámites a través de dispositivos móviles o conexión de los sistemas de gestión procesal para poder celebrar juicios telemáticos.
El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas contará con una inversión de 2.600 millones de euros para avanzar hacia una Administración más sencilla, ágil y eficiente para el ciudadano, de los que al menos 600 se destinarán a comunidades autónomas y corporaciones locales.
Impulso transversal a la digitalización
El impulso a la digitalización es un aspecto transversal en el conjunto del Plan, si bien hay una serie de componentes con mayor peso de la transformación digital.
Digitalización del tejido productivo e impulso emprendedor
La quinta política palanca del plan, centrada en abordar una modernización del ecosistema de industria-servicios y su posicionamiento en cuanto a innovación y desarrollo tecnológico, incluye tres componentes de marcado carácter digital:
Política Industrial España 2030
España dispone de un importante tejido productivo en algunos sectores tractores que serán clave para abordar la transformación ecológica y digital de la economía. El componente 12 del Plan, “Política Industrial España 2030”, incluye inversiones para impulsar proyectos clave de digitalización en estos sectores: la automoción, la aeronáutica o la salud, apoyados en la creación de espacios de datos sectoriales, en línea con la Estrategia Europea del Dato.
El objetivo es poner en marcha grandes espacios de datos comunes, industriales y seguros, por ejemplo, mediante el desarrollo de infraestructuras y datos como las plataformas cloud y las redes de supercomputación y almacenamiento, análisis de datos masivo y servicios e Inteligencia Artificial.
Impulso a la Pyme
Se trata de un conjunto de inversiones y reformas orientadas a reforzar el ecosistema empresarial español, con especial atención a las necesidades de las pymes y al ecosistema de start-ups, con el fin de apoyarlas para aumentar su productividad, reforzar sus capacidades y su resiliencia y contribuir a la creación de empleo, competitividad y el crecimiento potencial de la economía.
Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y 5G
El objetivo de este componente es garantizar la conectividad en todo el territorio nacional, liderar el despliegue de las redes y servicios basado en tecnologías 5G en Europa, y posicionar a España como un hub internacional de infraestructuras y talento en ciberseguridad.
Incluye la reforma del marco normativo de las telecomunicaciones y la hoja de ruta del 5G, e inversiones para favorecer la vertebración territorial mediante el despliegue de redes y cobertura móvil, incluyendo el despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas, y fortalecer las capacidades de ciberseguridad, posicionando España como un hub internacional de infraestructuras y talento del sector.
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
El objetivo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) es situar a España como un país puntero en esta materia, liderando el uso de la lengua española en la IA, promoviendo la creación de empleo cualificado, e incorporando la IA como factor para mejorar la productividad de la empresa española y la Administración, con una perspectiva humanista que garantice los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos.
Plan Nacional de Competencias Digitales
El Plan Nacional de Competencias Digitales tiene como objetivo garantizar la formación e inclusión digital de la ciudadanía y los trabajadores, no dejando a nadie atrás en el proceso de transformación digital de la sociedad y la economía.
Este plan incluye actuaciones destinadas a impulsar la transformación digital de la educación a todos los niveles. También está enfocado a fortalecer las capacidades digitales de los trabajadores, tanto básicas como avanzadas, y el desarrollo de las habilidades digitales básicas que los ciudadanos necesitan para no quedarse atrás en la transición digital.
España hub audiovisual de Europa
Alineado con otro de los ejes de la agenda digital del Gobierno, destacan las inversiones y reformas destinadas a dinamizar y fortalecer el sector audiovisual, con una inversión total estimada en 200 millones de euros con fondos del Plan. Incluye la reforma del marco regulatorio del sector audiovisual y el programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual.
Reformas para la modernización de la Administración
El ministro Iceta, por su parte, ha hablado de las actuaciones para llevar a cabo la verdadera modernización. Además de la transformación tecnológica, requiere decisiones para mejorar la gestión, entre otras, agilizar los procesos y reforzar el capital humano: reducir la temporalidad en el empleo público, reforzar las capacidades, Plan de captación del talento de la AGE, IV Plan de Gobierno Abierto, sistema público de evaluación en las administraciones públicas, refuerzo de la cooperación interterritorial, reforma de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y aprobación del Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población y de los Municipios en Riesgo de Despoblamiento.
Reducir la temporalidad al 8%
La temporalidad es un problema que alcanza al conjunto de las administraciones, pero no a todas por igual. En la AGE, la temporalidad es del 8%, frente al 13% de media en los ayuntamientos y del 30% a nivel autonómico, en su mayoría, en los servicios de salud y educación.
El objetivo es situar la tasa de temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas españolas por debajo del 8%, con procesos selectivos, reformando el Estatuto Básico del Empleado Público para impedir que una plaza con carácter estructural esté ocupada durante más de 3 años por una persona sin contrato fijo, y estudiando una herramienta de planificación de recursos humanos (sobre la tasa de reposición).
“La temporalidad en la Administración pública debe tener carácter excepcional y una duración máxima delimitada”, ha explicado Iceta. El objetivo es culminar los procesos de estabilización de 2017 y 2018 con un último proceso para estabilizar en total a 300.000 trabajadores interinos que ocupan plazas estructurales, hasta el 31 de diciembre de 2024.
El ministro ha avanzado otros objetivos: ley de Función Pública , aplicar el III Plan para la Igualdad de género en la Administración General del Estado, Plan de capacitación digital o Plan de Captación del Talento que busca promover la orientación laboral de la ciudadanía hacia la Administración. En este apartado, ha ofrecido dos datos: la mitad de la plantilla de la AGE se jubilará en diez años y solo el 12% del personal tiene menos de 40 años.
Reforma del empleo público
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública está preparando un Plan Estratégico de Reforma del modelo de acceso al empleo público que agilice y modernice la entrada al sector público. “Un plan que, les avanzo, les presentaremos antes de final de mes”, ha afirmado el ministro, para conseguir una función pública “que tenga más en cuenta la capacidad y la aptitud y menos la habilidad memorística de los candidatos, como ocurre ya en muchos países de nuestro entorno”.
Otras reformas anunciadas por el ministro son impulsar la transparencia, regular la actividad de los lobbies, impulso a la evaluación de Políticas Públicas y aumentar la cooperación con todas las administraciones públicas. En este apartado de la arquitectura institucional ha anunciado la próxima aprobación del el Estatuto Básico del Municipio de Menor Población, para dar a los pequeños municipios más facilidades para ejercer sus funciones en el marco de la Estrategia Frente al Reto demográfico.
El objetivo principal es garantizar servicios de calidad, la universalidad y la equidad de los servicios públicos, mejorando la usabilidad, utilidad, accesibilidad, movilidad, etc., reduciendo, por consiguiente, las brechas sociales, territoriales y las desigualdades de acceso.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública invertirá 1.000 de los 4.000 millones de euros del componente 11. De estos 1.000 millones, 970 los gestionarán las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y 30 millones de euros, se gestionarán directamente desde el Ministerio.
