Con este tipo de políticas, se pretende promover un nuevo modelo de cohesión, que integre las distintas realidades territoriales, aplicando políticas coordinadas entre diferentes departamentos de las administraciones públicas e involucrando para ello a operadores de telecomunicaciones y gestores de infraestructuras.
La Nueva Ley de Telecomunicaciones aprobada en junio de 2022, ya establecía una serie de derechos para los usuarios, y obligaciones a los operadores. En este contexto, el objetivo es dotar al 100% de la población de un acceso de al menos 100 Mbs, gracias al impuso del Programa UNICO-Banda Ancha que complementa al plan para la extensión del 5G.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha promovido la aplicación de un plan de ayudas que asciende a 245 millones de euros, que dan continuidad a la primera convocatoria del programa de 2021 que ya supusieron otros 250 millones. De este modo, se moviliza la inversión privada mediante la aplicación de fondos del Plan de Recuperación que permiten hacer llegar la fibra a pequeños municipios. Esto no sólo permitirá que los usuarios de a pie puedan disponer de conexiones de red a alta velocidad en sus hogares, sino que habilitará el despliegue de la nueva tecnología 5G, que en primera instancia precisa de dotar de una conexión de banda ancha a sus torres de telecomunicaciones (red de transmisión). Las compañías Adamo, Avatel y Telefónica tienen esta encomienda.
Por otro lado, a través del programa Único 5G Redes activas, dirigido a operadores que cuentan con la asignación de frecuencias para el uso de esta tecnología, se han dotado más de 500 millones para desplegar antes del 30 de junio de 2025, esta nueva tecnología en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Lo anterior, supone la aplicación de políticas de incentivación para el desarrollo de estas soluciones, más allá de las asociadas al denominado “servicio universal”, mediante el que se requería por mandato al operador incumbente (Telefónica) que prestarse a todo usuario con independencia de su localización geográfica y a un precio accesible, unos servicios básicos de conectividad. Esta capacidad mínima está establecida en 1 Mbps desde una ubicación fija, velocidad que hoy en día dista considerablemente del concepto de sociedad interconectada en el que vivimos y que aún así, han supuesto un gran esfuerzo inversor para el operador con un escaso retorno.
Este despliegue, solo tiene un precedente comparable, el que se llevó a cabo en los años 2005-2006 en el que participaron Telefónica y Orange, proyecto conocido como “eGSM” de extensión de la telefonía móvil a entornos rurales, vías de comunicación y zonas críticas para la aplicación de planes de emergencias (zonas PLEM). Esta iniciativa, en tiempos en los que la infraestructura en determinadas poblaciones era muy escasa o prácticamente nula, y con no pocas dificultades para acceder al suministro de energía o establecer una conexión punto a punto por radioenlace, supuso un hito muy relevante en el desarrollo de soluciones de conectividad en zonas muy despobladas, que permitió el despliegue de la tecnología 3G, y cuya infraestructura, a buen seguro, será parcialmente aprovechada en este nuevo impulso por reducir la a brecha digital.
La habilitación de esta tecnología 5G que se proyecta incluso en su versión más evolucionada (stand alone) en estas pequeñas poblaciones, por aisladas y diseminadas que puedan parecernos, establecerá el contexto para el desarrollo de soluciones digitales que tendrán su aplicación al ocio, la logística, los negocios y los servicios de diferente índole, permitiendo el desarrollo del turismo rural y la evolución de nuevos modelos de explotación y comercialización de los recursos locales.
Lo anterior, a su vez, favorecerá el asentamiento de nuevos ciudadanos que, desde ese nuevo entorno, tendrán acceso remoto a oportunidades profesionales y formativas, lo que propiciará un nuevo contexto de sostenibilidad que garantice la ocupación la hoy referida como “España vacía” y el relevo generacional.
En definitiva, estaremos más cerca de revertir el modelo de concentración poblacional bajo un nuevo contexto de equidad y cohesión, en cuanto a que nuestras posibilidades de desarrollo profesional, nuestra capacidad para el acceso a la formación, la información o incluso el ocio digital, no se vean penalizados por la distancia de nuestra residencia a las grandes urbes.
