María Muñoz
Directora General de Industria y de la PYME
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
¿Cuál es la situación del sector industrial y de la política industrial en el actual contexto europeo e internacional?
El sector industrial es una pieza clave en la economía de los países. Es el epicentro del desarrollo de la tecnología, impulsa masivamente la formación, el conocimiento y la I+D, aporta calidad de vida y estabilidad a sus trabajadores y crea riqueza local en los territorios en los que se instala.
La evolución de la consideración de cuál es la mejor política industrial ha ido cambiando notablemente a lo largo de los últimos años. La creencia extendida, principalmente en la Unión Europea, pero también en otros países occidentales hasta hace pocos años, de que la política industrial debía centrarse en el apoyo a la I+D y la innovación y dejar el resto en manos del mercado, ha demostrado ser insuficiente en un mundo cada vez más globalizado.
La evolución de la industria en China y en otros países asiáticos están cambiando esta perspectiva. Su apoyo decidido al sector industrial ha conducido a un adelanto tecnológico sin precedentes. Esto ha provocado en demasiadas ocasiones la pérdida de tejido empresarial y de conocimiento en los sectores industriales de los países occidentales los cuales hemos en parte dejado en manos de otros, en la creencia de que el libre mercado y la globalización nos proporcionarían mejores precios sin mayores repercusiones.
Tras la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente crisis energética, han aflorado nuevas dependencias de la Unión Europea de ciertos bienes y servicios esenciales tales como algunos alimentos, el gas y otras materias primas críticas para la digitalización y la fabricación de las tecnologías limpias, necesarias en la descarbonización de la economía.
Además, la publicación en 2022 de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), la normativa climática más importante de la historia de Estados Unidos, ha hecho reaccionar a la Unión Europea, quien, en marzo de 2023, propuso la Ley de Industrias Net Zero (NZIA) y la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA), cuya negociación se está realizando durante la Presidencia española del Consejo de la UE. Estas dos leyes marcan la vuelta a una política industrial activa en el conjunto de la Unión.
También la Comisión Europea ha flexibilizado el marco de ayudas de Estado, con una modificación del Reglamento General de Exención por Categorías y con la publicación de un nuevo Marco Temporal de Crisis y Transición (que se extiende hasta 31 de diciembre de 2025).
Por último, en junio de 2023, la Comisión propuso la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) cuyo objetivo es aprovechar los instrumentos de la UE existentes para dirigir financiación hacia sectores tecnológicos críticos para el liderazgo de la UE. STEP se basará en programas existentes como: InvestEU, el Fondo de Innovación, Horizonte Europa, Europa Digital, el Fondo Europeo de Defensa, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los fondos de la Política de Cohesión.
Todo ello para facilitar el apoyo a tecnologías clave para la transición ecológica y digital, como el de las energías renovables, las tecnologías energéticas, el desarrollo del sector de la microelectrónica o para la descarbonización de los sistemas de producción, en un contexto de intensa competencia internacional.
¿Estamos hoy ante un cambio de paradigma?
Lo anterior es reflejo de un cambio de paradigma en el ámbito de la política industrial: hablamos de “autonomía estratégica abierta”, un concepto que nació en el ámbito de la industria de la defensa pero que, tras la pandemia y la guerra en Ucrania, se aplica a la recuperación de capacidad -industrial en nuestro caso– para reducir dependencias de terceros en actividades y productos esenciales para la sociedad.
La autonomía estratégica abierta es uno de los temas clave de la Presidencia Española del Consejo de la UE. El objetivo es precisamente avanzar hacia una UE más competitiva y resiliente ante las transformaciones tecnológicas y geopolíticas mundiales, asegurando la continuidad de las cadenas de valor y sin renunciar a los valores europeos de competitividad, sostenibilidad y cohesión.
Por eso, una de las principales líneas de actuación, en la que trabajamos desde la Dirección General de Industria y de la PYME (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), es en el apoyo a la inversión en capacidades de producción en estas tecnologías clave, para contribuir a desplegar este potencial en los próximos años en España y en la Unión Europea.
En este momento, tenemos por delante una oportunidad única que no debemos dejar pasar. Así, los Fondos Next Generation EU, programados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, son un instrumento clave que nos puede permitir dar ese salto en el desarrollo industrial
¿Cómo debería ser la política industrial de los próximos años?
Para ello, es clave apostar por el sector industrial, lo que pasa por desarrollar una política industrial fuerte, con algunos rasgos como los siguientes:
Ha de abordar la totalidad de las cadenas de valor, desde la producción de las materias primas (algunas ahora consideradas críticas) hasta la producción final de productos sostenibles, descarbonizados y competitivos a nivel de la UE y en el exterior. En línea con la Ley de Materias Primas Críticas.
Debe apoyar la descarbonización de los procesos industriales; también de los productos, avanzando hacia una industria neutra en emisiones de carbono.
Y debe desarrollar asimismo la industria de la descarbonización (mediante la producción de bienes de equipo y tecnologías para facilitar esta transición: solar, baterías, electrolizadores, captura y almacenamiento de carbono, etc.). En línea con la Ley de Industrias Cero Neto.
En concreto, debe lograr en España una mayor base industrial (mayor capacidad de producción) para estas tecnologías limpias, así como de otros productos críticos para la autonomía estratégica de España y la UE como son los minerales o los semiconductores. En línea con la Ley europea de Chips.
Desarrollar el sector de servicios industriales, necesario para una industria competitiva y dinámica.
Apostar por el desarrollo de talento y capacidades: a través de la formación universitaria y la formación profesional, así como la formación a lo largo de la vida en estos nuevos sectores emergentes.
Es importante también atraer talento al sector industrial, incluido talento joven y femenino. Para ello, debemos mejorar la percepción de la industria y sus beneficios para la sociedad.
Debemos contar en la Administración con recursos humanos, estructuras de gobernanza e instrumentos con suficiente dotación y alcance. Sin perder de vista la simplificación en el acceso a la financiación y en su tramitación.
Debe maximizarse y apoyarse la participación de las empresas españolas en los instrumentos de financiación europeos (PRTR, Fondo de Innovación, STEP, CEF, Fondos Estructurales, Horizonte Europa…). En coordinación con los instrumentos nacionales (de la AGE y de las CCAA).
Y, por último, continuar avanzando en la disponibilidad de energías limpias y a costes asequibles para el sector industrial.
¿Qué suponen los Fondos Next Generation EU?
En todo lo mencionado estamos trabajando desde la Dirección General de Industria y de la PYME, desde 2020 cuando se inició el diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en estrecha coordinación con la Comisión Europea. El Plan, que se aprobó en julio de 2021 y su Adenda en octubre de este año, cuenta con una dotación, en el caso de la DGIPYME de más de 8.500 millones de euros procedentes del Mecanismo, para abordar inversiones industriales, apoyar a las pymes y al emprendimiento innovador.
Los Fondos de Recuperación son una oportunidad única para España y en particular para la industria y las pequeñas y medianas empresas españolas. Los fondos tienen un fin determinado para todos los Estados miembros de la UE: han de impulsar inversiones y reformas previamente acordadas con la Comisión Europea y contribuir de manera relevante a la transición verde y digital. Todo ello, además, respetando la legislación y los procedimientos nacionales -en materia de contratación, ayudas de Estado, procedimiento administrativo de concesión de ayudas-, así como la regulación comunitaria específica del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Suponen un volumen de financiación para proyectos estratégicos industriales y de pymes que no habrían visto la luz de otro modo, al menos con tal dimensión. Me refiero a los proyectos que estamos gestionando para desarrollar la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, la del sector agroalimentario, el naval, la fabricación de baterías y sus componentes, el hidrógeno. También quiero destacar el apoyo prestado a pymes y emprendedores (con el refuerzo del sistema CIRCE de creación telemática de empresas y la Red PAE -de Puntos de Atención al Emprendimiento-); y, también, de los organismos adscritos al Ministerio de Industria, ENISA, CERSA y la Fundación EOI.
Asimismo, hemos contribuido a llevar adelante varias reformas estructurales que también se incluyen como elementos relevantes del Plan. Es el caso, por ejemplo, de la Ley de Industria, pendiente de tramitación parlamentaria o a la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida como Ley de Startups. Esta Ley, pionera en Europa, ha atribuido a ENISA el papel de certificar como Startups a las empresas que así lo soliciten y que cumplan los criterios definidos en la Ley. ENISA ya ha certificado más de 150 Startups.
En definitiva, en este momento de ejecución del PRTR, van viendo la luz muchos de los proyectos iniciados en 2020.
La prioridad de esta Dirección General, es sin duda, lograr una eficaz gestión de los Fondos de Recuperación, con todo lo que ello conlleva, tanto a nivel del Ministerio de Industria como de coordinación con la Comisión Europea. Hemos trabajado en el diseño del Plan de Recuperación, la redacción de sus componentes, la negociación con la Comisión Europea, la puesta en marcha de los mecanismos de gestión y control, y por supuesto, el diseño y la gestión de las convocatorias que permiten canalizar los recursos hacia los proyectos.
El objetivo último es, por lo tanto, incrementar el peso de la industria en España a través de potentes proyectos de inversión, al tiempo que contribuimos a una economía de cero emisiones netas, descarbonizando los productos y los procesos y facilitando el desarrollo de las tecnologías limpias que permitan dicha descarbonización.
