El contexto geopolítico ha venido a agravar una situación ya de por sí complicada para el sector industrial y empresarial. Recién salidos de la crisis sanitaria, con todas las consecuencias en la actividad y el empleo que tuvo, ahora vivimos un momento en el que tanto consumidores como industrias están soportando unos costes altísimos y nunca vistos de la energía, sin la que su actividad es imposible.
El conflicto en Ucrania y la ruptura de relaciones con Rusia, la dependencia de la UE en materia energética de países externos -entre los que Rusia es además uno de los principales proveedores- han puesto de manifiesto que Europa y España deben avanzar, y rápido, en su transición a un modelo energético más verde y sostenible.
En este cambio de modelo de distribución energética en el que estamos inmersos, está cobrando especial relevancia el papel del consumidor como nodo generador y distribuidor de energía renovable. Según datos de PwC el autoconsumo solar se ha multiplicado en España por 2,5 desde 2018. Un crecimiento impulsado por nuevas normativas y por las ayudas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por otro lado, la misma consultora apunta que el autoconsumo, junto a los sistemas de almacenamiento y los agregadores de demanda, serán las palancas que ayudarán a los consumidores a convertirse en estos ‘nodos’ y aumentar así la flexibilidad del sistema eléctrico y el uso de energías renovables. Lo que, además, nos acercará a un modelo energético más sostenible y reducirá nuestra dependencia de otros proveedores.
Para impulsar el autoconsumo es necesario atender a dos factores. Por un lado, la regulación en España debe evolucionar para integrar la figura de los agregadores de demanda, sentando unas bases claras y estableciendo los derechos y deberes que los distintos actores deben cumplir en el modelo español. Por otra parte, será necesario contar con las soluciones e infraestructuras necesarias para ejecutar de forma real esta socialización del modelo energético.
El reto surge cuando las empresas de generación y distribución de energía tienen que integrar estos nuevos (y numerosos) ‘nodos ciudadanos’ a la red actual. Y deben hacerlo, además, garantizando la seguridad de la red de suministro y la flexibilidad de la red para adecuar los flujos de energía a la demanda en cada momento. La complejidad de esta situación aumenta de forma exponencial con el número de ‘nodos ciudadanos’ que se incorporen a la red.
Es aquí donde la tecnología, la gran herramienta de democratización del siglo XXI, entra en juego. En este caso es la tecnología Cloud, y más concretamente su versión pública, la que puede ofrecer una solución a la industria energética.
La accesibilidad, flexibilidad y mejora de la productividad que permite son factores clave para que su integración en el modelo de red español marque un antes y un después. Además, los ciudadanos podrán contar de forma sencilla con soluciones tecnológicas que les ayuden a gestionar su producción individual y su contribución a la red general; al tiempo que las empresas de distribución podrán medir en todo momento qué cantidad de energía hay disponible para adecuarla a la demanda. La aplicación a este modelo de otras tecnologías como la Inteligencia Artificial, supone además tener la capacidad de desarrollar modelos de predicción de demanda, que nos permita adelantarnos a su evolución y ajustar al máximo oferta y demanda.
A estas capacidades de gestión, se le une también la posibilidad de securizar toda la red de distribución energética y cada uno de sus nodos. La multiplicación de los puntos conectados a una red, aumenta también la vulnerabilidad de la misma. “Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones”, esta premisa cobra especial relevancia en un modelo energético distribuido.
Una de las grandes responsabilidades que debemos aceptar en el diseño del nuevo modelo de red, tanto administraciones como empresas energéticas y proveedores tecnológicos, es la de garantizar la integridad de la red. Debemos blindarnos ante posibles ataques que hagan peligrar el suministro eléctrico, que pondría en jaque no sólo el bienestar social, sino también la propia economía del país.
La democratización del modelo de generación y distribución energético aún tiene un largo recorrido en España. Legislación, inversión e innovación deben avanzar en paralelo para garantizar que el nuevo modelo que diseñamos nos permita asegurar el suministro mientras que reducimos nuestra dependencia de terceros países e impulsamos la descarbonización de la economía, un reto que no debemos perder de vista ni poner en cuarentena bajo ninguna circunstancia.
