Ciudad 5.0: hacia un modelo urbano más sostenible, digital y centrado en el ciudadano

La colaboración público-privada (CPP) fue uno de los grandes ejes del coloquio, reconocida por todos los participantes como una herramienta necesaria para impulsar la sostenibilidad, la eficiencia operativa y la innovación en el ámbito urbano. No obstante, también se identificaron múltiples matices y desafíos asociados a su aplicación real. Desde la perspectiva de las administraciones públicas, las fórmulas de colaboración con empresas permiten acceder a conocimiento especializado, acelerar proyectos y dotarse de una visión estratégica difícil de generar internamente. Para las empresas, sin embargo, participar en procesos públicos implica a menudo exponer su experiencia sin garantías, asumir riesgos contractuales complejos y enfrentarse a procesos de licitación largos y restrictivos.

Entre las propuestas concretas, se destacó el potencial de mecanismos como las Consultas Preliminares al Mercado (CPM) y la Compra Pública de Innovación (CPI), que permiten a las administraciones identificar soluciones antes de redactar pliegos y explorar fórmulas más flexibles para incorporar tecnología avanzada. Sin embargo, también se planteó que la CPI no siempre logra escalar más allá de la fase piloto, lo que genera frustración tanto en el sector público como en el privado. Se remarcó que, para que estos modelos funcionen, deben ir acompañados de planificación estratégica, compromiso político y capacidades técnicas dentro de la propia administración.

Se abordó también el reto de diseñar modelos de colaboración estables, ágiles y transparentes, que eviten la percepción de favoritismos o intereses ocultos. En ese sentido, se valoró positivamente la participación de entidades neutrales —como colegios profesionales o clústeres tecnológicos— que puedan actuar como intermediarios técnicos en los procesos de diálogo. Asimismo, se puso en valor la necesidad de contar con espacios como el que ofrece la Plataforma enerTIC.org, donde empresas y administraciones puedan compartir inquietudes, explorar sinergias y generar confianza mutua antes de enfrentarse a procesos contractuales formales.

En conjunto, el coloquio evidenció que la colaboración público-privada sigue siendo un componente clave para la evolución de las ciudades inteligentes, pero que requiere repensar sus mecanismos, ganar en agilidad y diseñar nuevas fórmulas que respondan a la realidad de los proyectos tecnológicos urbanos. Solo desde una visión compartida y una gestión transparente será posible aprovechar todo su potencial transformador.

El potencial de las tecnologías habilitadoras para impulsar ciudades más eficientes, resilientes y sostenibles fue uno de los focos del coloquio. Sin embargo, todos los participantes coincidieron en que ese potencial solo se materializa si se dan las condiciones adecuadas para su adopción. Uno de los retos iniciales mencionados fue la escasez de datos útiles en muchos servicios municipales, lo que limita la capacidad de análisis, anticipación y toma de decisiones. En este sentido, se destacó la necesidad de digitalizar procesos desde su base para generar flujos de datos fiables y estructurados que realmente aporten valor a la gestión urbana.

Se debatió ampliamente sobre los modelos tecnológicos más adecuados para las administraciones locales, especialmente en lo relativo a la escalabilidad, la flexibilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las soluciones. Los modelos «as a service», tanto en software como en algunos casos en hardware, se presentaron como una alternativa viable para evitar grandes inversiones iniciales. Sin embargo, también se señaló que este enfoque requiere un cambio de mentalidad en la planificación financiera pública, ya que implica pasar de la compra tradicional al alquiler o suscripción, lo que afecta directamente a los capítulos presupuestarios.

Otro punto clave fue la madurez de las soluciones tecnológicas disponibles. Se subrayó que muchas ciudades han implementado pilotos prometedores que luego no han podido escalar por falta de interoperabilidad, por costes ocultos o por falta de alineación con necesidades reales. La modularidad, tanto en hardware como en software, fue identificada como una característica deseable para facilitar la evolución progresiva de los sistemas, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades o escalar los servicios sin rehacer infraestructuras completas.

En definitiva, se hizo un llamamiento a avanzar desde la fase exploratoria hacia una implementación más estratégica y sostenida, en la que las tecnologías habilitadoras no sean un fin en sí mismo, sino una herramienta integrada en una hoja de ruta urbana clara. Apostar por soluciones contrastadas, ajustadas al contexto local, que puedan mantenerse en el tiempo y evolucionar con flexibilidad, se consolidó como uno de los principios clave para avanzar hacia el modelo de ciudad 5.0.

Uno de los consensos más claros del coloquio fue la necesidad urgente de contar con una estrategia sólida de gobierno del dato en el ámbito municipal. No basta con disponer de sensores o sistemas digitales: lo verdaderamente transformador es convertir los datos en conocimiento útil para la toma de decisiones. En ese sentido, se insistió en que el esfuerzo de digitalización debe acompañarse de una planificación que defina cómo se recogen, almacenan, interpretan y comparten los datos, y que incluya principios de calidad, trazabilidad, seguridad y reutilización.

La interoperabilidad fue uno de los términos más repetidos a lo largo del debate. Los asistentes coincidieron en que el verdadero reto no es tecnológico, sino organizativo y normativo: distintos servicios municipales siguen funcionando como compartimentos estancos, y sus plataformas, sensores o soluciones verticales no están diseñadas para trabajar conjuntamente. Se puso de manifiesto la urgencia de exigir a los proveedores el cumplimiento de estándares abiertos, así como la necesidad de una codificación común que permita a todos los sistemas hablar el mismo lenguaje. El objetivo no es solo tener datos, sino que estos se integren de forma útil.

En ese contexto, se debatió el papel de las plataformas horizontales como una solución que permita integrar las distintas verticales (residuos, alumbrado, movilidad, seguridad, etc.) bajo una capa común de análisis y gestión. Estas plataformas no solo facilitan la interoperabilidad, sino que también permiten aplicar inteligencia a los datos, generar analítica avanzada y construir cuadros de mando transversales. Se mencionó que tecnologías como FIWARE han avanzado en esta dirección, aunque siguen presentando limitaciones de integración con soluciones ya existentes.

Por último, se subrayó la necesidad de garantizar la seguridad del dato en todas sus etapas. En este sentido, se recordó que tanto las administraciones como los proveedores deben estar certificados en el Esquema Nacional de Seguridad, y que los criterios de ciberseguridad deben estar presentes desde el diseño de cualquier proyecto. Una buena gobernanza del dato es hoy una condición indispensable para que las ciudades puedan avanzar hacia modelos verdaderamente inteligentes, eficientes y orientados al ciudadano.

A lo largo del coloquio quedó claro que la tecnología, por sí sola, no garantiza la transformación urbana. Lo verdaderamente relevante es contar con una visión estratégica clara, alineada con las necesidades reales de la ciudadanía y con los objetivos de sostenibilidad a largo plazo. En este sentido, varios participantes insistieron en que una Smart City no se define por la cantidad de sensores instalados, sino por la capacidad de sus responsables públicos para aplicar tecnología con sentido, pensando en el bienestar de las personas y en la eficiencia global del ecosistema urbano.

Se remarcó que el ciudadano debe ser el eje de toda planificación, y que cualquier avance tecnológico debe tener como fin último mejorar su calidad de vida. Desde facilitar la movilidad urbana hasta optimizar el uso de recursos energéticos o reducir tiempos de espera en la atención administrativa, los servicios inteligentes deben traducirse en beneficios tangibles. Asimismo, se puso sobre la mesa la necesidad de atender a colectivos vulnerables y de trabajar en reducir la brecha digital, especialmente entre las personas mayores.

Los representantes institucionales coincidieron en que las ciudades deben contar con un proyecto común de futuro, definido a través de planes estratégicos que ordenen las prioridades, articulen los proyectos y eviten la dispersión de esfuerzos. Esos planes deben ser flexibles, capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos y a las circunstancias locales, pero deben existir como hoja de ruta compartida. Sin esa visión global, la implantación de tecnología corre el riesgo de ser puntual, poco integrada y sin impacto sostenible.

Por último, se destacó la importancia de empezar poco a poco, por fases, pero con pasos decididos y bien fundamentados. Se valoró la valentía de poner en marcha proyectos piloto que resuelvan cuellos de botella reales, pero también se advirtió sobre la necesidad de pensar en el escalado desde el principio. Solo así se podrán construir soluciones que puedan replicarse en otras ciudades y territorios, generando economías de escala, compartiendo aprendizajes y acelerando la transición hacia un nuevo modelo de ciudad más habitable, inclusiva y sostenible.

Durante el coloquio se identificaron diversos retos que condicionan la evolución de las ciudades hacia modelos más eficientes, sostenibles y centrados en el ciudadano. Estos desafíos, abordados desde diferentes perspectivas institucionales y empresariales, reflejan la necesidad de transformar las estructuras administrativas, adoptar nuevas formas de colaboración e integrar la tecnología de manera estratégica para alcanzar los objetivos de eficiencia energética y sostenibilidad. Entre los principales retos destacados por los participantes, cabe señalar los siguientes:

• Falta de una estrategia clara de gobierno del dato e interoperabilidad: La ausencia de estructuras organizadas y estándares comunes limita el aprovechamiento del dato como base para la eficiencia operativa y la toma de decisiones en las ciudades.
• Rigidez normativa y burocrática en los procesos de contratación: La Ley de Contratos del Sector Público, junto con la lentitud administrativa, dificulta la implantación de soluciones innovadoras y sostenibles a través de modelos colaborativos.
• Dificultad para escalar pilotos y convertirlos en proyectos sostenibles: Muchas iniciativas tecnológicas se estancan en fases de prueba sin alcanzar un despliegue real y eficiente, lo que limita su impacto y sostenibilidad.
• Escasez de recursos y capacidades internas para liderar la transformación: La falta de perfiles técnicos especializados y de tiempo para la formación impide que las administraciones locales asuman un papel activo en los procesos de digitalización.
• Miedo e incertidumbre en torno a la ciberseguridad y la gestión de datos: La preocupación por la seguridad de los sistemas y el cumplimiento normativo frena el avance de proyectos clave en eficiencia y gestión inteligente.
• Desalineación entre objetivos tecnológicos y visión estratégica de ciudad: La implementación de tecnología sin un plan urbano integrador puede generar soluciones aisladas que no responden al objetivo común de sostenibilidad y eficiencia.