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29 mayo 2026

La Comisión aprueba un mecanismo español de capacidad de 9.000 millones de euros para garantizar el suministro eléctrico

La Comisión Europea ha aprobado un mecanismo de capacidad de 9.000 millones de euros para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en España durante los próximos diez años. La medida permitirá remunerar capacidad de generación, almacenamiento y gestión de la demanda para garantizar el equilibrio entre oferta y consumo eléctrico en escenarios de escasez.

La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las normas de la UE sobre ayudas estatales, un mecanismo de capacidad de 9.000 millones de euros para el suministro eléctrico en España. Esta medida de ayuda tiene como objetivo garantizar que exista capacidad suficiente para producir, almacenar o consumir electricidad de forma flexible y que la producción eléctrica satisfaga la demanda prevista.

La medida española

España notificó a la Comisión la introducción de un mecanismo de capacidad para garantizar la seguridad del suministro eléctrico. La medida estará vigente durante 10 años a partir de mayo de 2026.

En el marco de este mecanismo de mercado, el operador del sistema de transmisión (OST) remunera toda la capacidad necesaria para cumplir con el estándar de fiabilidad , es decir, el máximo de horas de carga perdidas aceptables al año que el sistema debe soportar para garantizar una seguridad de suministro adecuada. La carga perdida es la cantidad de demanda eléctrica que no puede satisfacerse debido a interrupciones en el suministro. El estándar de fiabilidad se ha establecido con base en la evaluación nacional de adecuación de recursos de España y ha sido aprobado por la Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía (ACER).

El mecanismo de capacidad estará abierto a todos los proyectos, existentes o nuevos, que ofrezcan disponibilidad durante periodos de escasez. Estos proyectos incluyen la generación de electricidad, la gestión de la demanda (reducción del consumo ante una menor oferta) y el almacenamiento (sujeto a criterios de elegibilidad ambiental). Los beneficiarios se seleccionarán mediante procesos de licitación transparentes y no discriminatorios. El presupuesto estimado para esta medida asciende a unos 900 millones de euros anuales, lo que supone un total de aproximadamente 9.000 millones de euros a lo largo de los 10 años, en función de los resultados de cada subasta de capacidad.

La medida estará abierta a proyectos ubicados en España. España se esfuerza por permitir la participación de todos los demás Estados miembros interconectados lo antes posible. El mecanismo de capacidad apoyará el desarrollo de servicios de flexibilidad (operadores de almacenamiento y gestión de la demanda) donde sea necesario, para alcanzar el objetivo nacional de flexibilidad español según la legislación de la UE y la metodología ACER. El mecanismo de capacidad incluye características para garantizar una generación neta de electricidad suficiente para alcanzar el estándar de fiabilidad.

La evaluación de la Comisión

La Comisión evaluó la medida española con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales, en particular el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite a los Estados miembros apoyar el desarrollo de determinadas actividades económicas con sujeción a determinadas condiciones, y las Directrices sobre ayudas estatales para el clima, la protección del medio ambiente y la energía de 2022 (CEEAG). La Comisión concluyó que:

  • Esta medida es necesaria y apropiada para lograr el objetivo perseguido, de conformidad con el Reglamento de la UE sobre electricidad .
  • La medida es proporcional , ya que el nivel de ayuda se corresponde con las necesidades de financiación reales. Además, la ayuda se concederá a proyectos seleccionados mediante un proceso de licitación transparente y no discriminatorio, con salvaguardias para garantizar una competencia efectiva. Los beneficiarios competirán en función del importe de la ayuda solicitada por MW de capacidad disponible durante un evento de escasez. En consecuencia, la medida tiene un impacto limitado en la competencia y el comercio entre los Estados miembros.
  • Esta medida se ajusta a la mayoría de las mejores prácticas para los mecanismos de capacidad establecidas en el Marco de Ayudas Estatales para la Industria Limpia (CISAF, por sus siglas en inglés).
    Sobre esta base, la Comisión aprobó la medida española con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales.

Fondo

Las Directrices CEEAG de la Comisión de 2022 ofrecen orientación sobre cómo la Comisión evalúa la compatibilidad de las medidas de protección del medio ambiente, incluida la protección del clima, y ​​las medidas de ayuda energética que están sujetas al requisito de notificación previsto en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

Las Directrices crean un marco flexible y adecuado para ayudar a los Estados miembros a brindar el apoyo necesario para alcanzar los objetivos del Pacto Industrial Limpio de manera específica y rentable. Las normas se alinean con los objetivos y metas importantes de la UE establecidos en el Pacto Industrial Limpio y con otros cambios regulatorios recientes en los ámbitos energético y medioambiental, y responden a la creciente importancia de la protección del clima. Incluyen secciones sobre medidas de eficiencia energética, ayudas a la movilidad limpia, infraestructuras, economía circular, reducción de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad, así como medidas para garantizar la seguridad del suministro energético, sujetas a ciertas condiciones.

Los mecanismos de capacidad tienen el importante objetivo de garantizar la seguridad del suministro eléctrico. Estos mecanismos deben diseñarse adecuadamente para asegurar que no (i) provoquen un aumento en los precios de la electricidad para los consumidores, (ii) otorguen ventajas indebidas a determinados operadores energéticos o (iii) obstaculicen los flujos de electricidad a través de las fronteras de la UE.

El Reglamento de la UE sobre electricidad establece normas para garantizar el funcionamiento del mercado interior de la electricidad y define un marco para evaluar periódicamente el nivel previsto de seguridad del suministro en la UE. Cuando se detecta un riesgo, los Estados miembros deben revisar el funcionamiento del mercado eléctrico y considerar la posibilidad de eliminar las distorsiones que puedan causarlo. Si este enfoque resulta insuficiente para abordar el riesgo identificado, los Estados miembros pueden introducir un mecanismo de capacidad, sujeto a requisitos de diseño que garanticen medidas rentables, más limpias y proporcionadas para asegurar el suministro eléctrico.

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