España ha defendido hoy en el Consejo de Ministros de Energía una propuesta conjunta con Francia, Italia, Grecia y Rumanía para reformar los mercados energéticos de la UE con el objetivo de garantizar una recuperación económica verde y la protección de los consumidores. “Reclamamos que se analice a fondo el mercado y sostenemos que hay que tomar decisiones de cambio. No debemos quedarnos en el inmovilismo. La gran pregunta es si la regulación actual está preparada para abordar los desafíos actuales. Pedimos que se adapte y evolucione para proteger a los consumidores a la vez que se reflejen las ventajas de la transición energética”, ha señalado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
“Cinco países que representamos a más del 45% de la población europea hemos pedido revisar la regulación europea para proteger más a los consumidores y no sólo dar señales económicas a los inversores; fortalecer a la UE frente a los mercados internacionales de gas y facilitar contratos de suministro a medio y largo plazo con la garantía de un marco único en la UE”, ha añadido.
Unas demandas que han sido bien acogidas por parte de la Comisión y otros Estados miembros: “Hemos obtenido una respuesta de mucha más comprensión con relación a nuestras propuestas. Necesitamos que el precio de la electricidad se parezca mucho más al coste medio de generación y no al coste marginal. Los consumidores deben tener derecho a disponer de un precio estable. Y tenemos que consolidar un sistema de compra de gas que sea más protector. No basta sólo con dar estabilidad a los inversores, hay que proteger sobre todo a los consumidores”, ha insistido la vicepresidenta.
DISEÑO DE UN SISTEMA ELÉCTRICO SÓLIDO Y RESISTENTE
En este sentido, Ribera ha insistido en que el conjunto de medidas propuesto por la Comisión en su Toolbox no resulta suficiente para afrontar la situación. España considera necesario actuar en el corto plazo para hacer llegar al consumidor los beneficios de la mayor presencia de las energías renovables en el mix eléctrico de generación, y además actuar en el medio y largo plazo sobre el diseño del mercado eléctrico para que sea sólido, resistente y adaptado a las particularidades de cada Estado miembro.
La posición común que han defendido en el Consejo de Energía España, Francia, Italia, Grecia y Rumanía plantea adaptar las reglas del mercado eléctrico para la gran penetración de energías renovables en 2030, que tendrán carácter pivotal entre las diferentes tecnologías de generación. Así, propone un profundo análisis –más allá del trabajo en curso de ACER–, basado en una amplia consulta a todos los agentes implicados, que permita identificar las reformas necesarias para cumplir los objetivos climáticos y energéticos del paquete Fit for 55. A partir de este análisis, con una duración prevista de seis meses, el Consejo podría definir, antes de que concluya 2022, las principales prioridades de la reforma del mercado eléctrico, de modo que pueda implementarse antes de 2025.
BENEFICIOS Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES, FOMENTO DE LOS CONTRATOS A LARGO PLAZO
Para que los consumidores perciban cuanto antes las ventajas de las tecnologías no emisoras y evitar el impacto de la volatilidad de los mercados del gas, la UE debería dotarse de mecanismos que permitan a los Estados Miembros asegurar que el precio final de la electricidad para los consumidores refleje realmente los costes de generación, pero sin afectar al mecanismo de formación de precios de los mercados mayoristas. Con estas medidas, entre otros aspectos, se busca incentivar la electrificación y la transición hacia un sistema eléctrico climáticamente neutro.
Los consumidores, por otro lado, deberían tener a su disposición ofertas de suministro que les protejan de la volatilidad de los precios a corto plazo, así como una mayor protección y conocimiento de las tarifas dinámicas –no fijas–, más expuestas a la volatilidad de los precios mayoristas.
España también propone fomentar, regulatoriamente, la firma de contratos de suministro de electricidad a largo plazo, en un horizonte de cinco a diez años, al objeto de facilitar la inversión y la financiación de activos sin emisiones, como las renovables, la eficiencia energética o la electrificación de la economía.
Con relación a los mercados gasistas, es necesario dotarse de herramientas que permitan afrontar los fallos detectados en el mercado. Por ejemplo, la normativa debería garantizar una elevada utilización de las infraestructuras de almacenamiento de gas, y la Comisión debería explorar un sistema voluntario de compra centralizada de gas mediante subastas competitivas.
PAQUETE FIT FOR 55
Además, en el Consejo se han debatido las revisiones de las directivas de energías renovables y eficiencia energética previstas en el paquete Fit for 55. En este punto, España ha mostrado su apoyo a la propuesta de la Comisión relativa al incremento hasta el 40% del objetivo vinculante para 2030 de la cuota mínima de energía procedente de fuentes renovables para la Unión Europea.
Asimismo, España ha valorado la propuesta de texto recogido en la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética y, aunque considera necesaria una mayor flexibilidad, reconoce su relevancia para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización de la economía del conjunto de la UE.
En cuanto a la revisión del reglamento de infraestructuras transeuropeas de energía (TEN-E), España ha insistido en que es necesario limitar al máximo los proyectos que consoliden los combustibles fósiles, en particular, el gas natural. La clave es alinear este reglamento con el Pacto Verde y dotarle de la ambición necesaria para garantizar que la financiación europea se destina a aquello que contribuye de verdad a alcanzar nuestros objetivos de energía y clima en 2030 como hito hacia la neutralidad climática en 2050.
